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En un esfuerzo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el ente regulador, el Perú ha consolidado una de las reformas más estrictas en el sector de telecomunicaciones de los últimos años. Bajo la premisa de fortalecer la seguridad ciudadana, OSIPTEL ha recordado que ningún ciudadano, sea peruano o extranjero, podrá contratar más de siete líneas móviles en el sistema nacional. Esta decisión no es arbitraria; responde a una preocupante tendencia donde individuos vinculados a organizaciones criminales poseían cientos de números telefónicos registrados bajo identidades suplantadas o procesos de contratación irregulares.
La implementación de este tope se fundamenta en los resultados de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel). Según el análisis de OSIPTEL, el comportamiento habitual del consumidor peruano promedio oscila entre una y seis líneas activas, lo que significa que el límite de siete no afecta el derecho a la comunicación de la gran mayoría de la población. Por el contrario, la norma apunta directamente a los perfiles de riesgo que mantienen acumulaciones atípicas de servicios, las cuales suelen ser el motor logístico de delitos como la extorsión y la suplantación de identidad.
Uno de los puntos más debatidos en la esfera política y legal ha sido el respeto a la seguridad jurídica de quienes ya superaban este límite antes de la entrada en vigencia de la norma el pasado 14 de febrero. Al respecto, el regulador ha sido enfático: aquellos abonados que posean más de siete líneas activas desde antes de la fecha de corte no perderán sus servicios actuales. Sin embargo, se les ha impuesto una restricción absoluta para la adquisición de nuevos números, cerrando así cualquier posibilidad de expansión de su red de contactos móviles hasta que regularicen su situación por debajo del tope legal.
La eficacia de esta política pública recae directamente en la fiscalización de las empresas operadoras como Movistar, Claro, Entel y Bitel. Estas compañías están ahora obligadas por ley a verificar la cantidad de servicios que un solicitante mantiene bajo su titularidad antes de proceder con cualquier nueva venta. El incumplimiento de este protocolo constituye una infracción administrativa grave, otorgando a OSIPTEL la potestad sancionadora para imponer multas severas. Además, el regulador tiene la facultad de ordenar la baja inmediata de las líneas excedentes si detecta irregularidades en el monitoreo constante del registro de abonados.
Finalmente, esta medida representa un avance significativo en la trazabilidad de las comunicaciones en el país. Al limitar el número de líneas y reforzar la validación biométrica, el Estado peruano busca reducir los espacios de anonimato que han permitido el auge del crimen organizado. Desde una perspectiva de análisis político, la consolidación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG) es una pieza clave en la estrategia de seguridad nacional de 2026, orientada a devolver la tranquilidad a los ciudadanos frente a la creciente ola de inseguridad digital y telefónica.
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