Madre denuncia agresión entre escolares: “Los colegios ya no son un lugar seguro”

La madre denunció que los agresores reincidentes continúan burlándose de su hija dentro del aula.

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La denuncia por el presunto caso de violencia escolar en el colegio Nuestra Señora de Lourdes, en el distrito de Surquillo, sigue generando preocupación.

La madre de la estudiante de 11 años agredida aseguró que, pese a la gravedad de lo ocurrido, la directora del plantel se niega a recibirla y que los alumnos señalados como responsables continúan asistiendo con normalidad a clases.

La abogada también denunció que los presuntos agresores siguen burlándose de su hija dentro del aula, situación que, según afirmó, agrava el impacto emocional que dejó el ataque.

Además, cuestionó la aplicación de la Ley 29719 y sostuvo que las instituciones educativas deben garantizar espacios seguros para todos los estudiantes.

¿Qué denunció la madre sobre la inacción del colegio?

La madre de la menor aseguró que la directora del colegio se ha negado a reunirse con ella y denunció que los protocolos de convivencia escolar no se estarían aplicando.

Según afirmó, los estudiantes señalados como presuntos agresores continúan hostigando a su hija con burlas y gestos relacionados con la agresión que sufrió.

Además, la denunciante señaló que dentro de la institución existirían otras situaciones preocupantes, como el presunto cobro de dinero para permitir el ingreso a los baños y la difusión de videos de agresiones en páginas de “funas”.

Frente a ello, pidió una investigación exhaustiva y medidas que garanticen la seguridad de los estudiantes.

Piden modificar la ley para proteger a las víctimas de acoso escolar

La madre de la estudiante cuestionó la Ley 29719 al considerar que no ofrece una protección efectiva a las víctimas de violencia escolar.

Según explicó, la normativa obliga a que el alumno afectado continúe compartiendo el mismo salón con sus presuntos agresores, una situación que, a su juicio, profundiza la revictimización.

La denunciante pidió al nuevo Congreso de la República revisar y modificar la legislación para permitir medidas más severas contra los responsables de este tipo de hechos, como la suspensión o expulsión, cuando corresponda.

Además, advirtió sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención para garantizar que las instituciones educativas sean espacios seguros para los estudiantes.