
El caso Betsy Chávez genera una respuesta firme de México sobre derecho de asilo, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que esta figura es un pilar del marco internacional que rige los derechos humanos.
La mandataria señala que el asilo debe respetarse incluso en situaciones judiciales complejas, dado que protege a personas sometidas a riesgos políticos, aunque aclara que cada solicitud se evalúa bajo estándares diplomáticos estrictos que garantizan transparencia.
La postura del Gobierno mexicano cobra relevancia en momentos en que a Betsy Chávez se le imponen cinco meses de prisión preventiva, lo que aviva el debate sobre la proporcionalidad de la medida y su impacto en el debido proceso.
Esta respuesta, que se da en medio de un clima regional sensible, abre interrogantes sobre cómo los Estados equilibran la cooperación judicial con la obligación de resguardar estándares internacionales, lo que podría influir en futuros casos similares.
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