La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow, presentó el proyecto de ley N.° 000106-2026-2031-CR, que propone eliminar el financiamiento público directo e indirecto otorgado a las organizaciones políticas. La iniciativa busca modificar la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para que los recursos estatales sean destinados prioritariamente a servicios públicos esenciales.
Según la exposición de motivos, la propuesta surge a raíz de las dudas generadas en los últimos procesos electorales sobre el manejo de estos recursos. Yarrow sostiene que se han identificado riesgos de conflictos de interés, problemas de transparencia y cuestionamientos vinculados con la contratación de espacios publicitarios en medios relacionados con dirigentes, militantes o personas vinculadas a determinadas organizaciones políticas.
El proyecto plantea, además, derogar los artículos 29, 37 y 38 de la Ley de Organizaciones Políticas, relacionados con el financiamiento público. También propone modificar el artículo 36-D para mantener determinadas infracciones y sanciones aplicables a personas jurídicas que realicen aportes no permitidos y a entidades que no entreguen información solicitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La propuesta cobra relevancia luego de que la ONPE aprobara, el pasado 27 de agosto, el monto total del financiamiento público directo destinado a las organizaciones políticas que obtuvieron representación en las Cámaras de Senadores y Diputados en las Elecciones Generales 2026.
De acuerdo con la Resolución Jefatural N.° 000135-2026-JN/ONPE, el monto establecido para el quinquenio 2026-2031 asciende a S/ 222 millones 119 mil 117. Este dinero corresponde al financiamiento público directo que reciben los partidos con representación parlamentaria durante los cinco años de mandato.
La distribución aprobada contempla S/ 45 millones 375 mil 397 para Fuerza Popular; S/ 38 millones 473 mil 766 para Juntos por el Perú; S/ 37 millones 518 mil 29 para Renovación Popular; S/ 36 millones 347 mil 861 para el Partido del Buen Gobierno; S/ 32 millones 457 mil 266 para el Partido Cívico Obras; y S/ 31 millones 946 mil 796 para Ahora Nación.
La iniciativa establece como objetivo eliminar las modalidades de financiamiento público directo e indirecto a las organizaciones políticas “con la finalidad que los recursos públicos sean destinados prioritariamente al financiamiento de servicios públicos esenciales y contribuyendo al fortalecimiento de la eficiencia, transparencia y sostenibilidad del gasto público”.
“¡El dinero de los peruanos debe estar al servicio de los peruanos, no de los partidos políticos! He presentado un proyecto de ley para eliminar el finaciamiento público directo e indirecto a las organizaciones políticas. Salud, educación, seguridad y servicios básicos deben ser la prioridad del Estado, no financiar partidos políticos. ¡Basta del mal uso de los recursos públicos!”, señaló Yarrow en X.
El financiamiento público indirecto contempla la franja electoral administrada por la ONPE durante los procesos electorales. Este mecanismo permite que las organizaciones políticas en competencia accedan a espacios de propaganda electoral bajo las condiciones establecidas por la legislación.
La propuesta de Yarrow busca eliminar este mecanismo junto con el financiamiento público directo. En su exposición de motivos, la parlamentaria cuestiona específicamente la existencia de posibles conflictos de interés en la contratación de espacios publicitarios vinculados con personas relacionadas con organizaciones políticas.
La iniciativa sostiene que, al eliminar el financiamiento estatal, los partidos dejarían de recibir recursos del Estado y tendrían que sostener sus actividades y campañas con aportes privados, sujetos a los límites y controles establecidos por la legislación electoral.