
Una nueva y controvertida disposición económica ha puesto al Congreso de la República en el centro de la atención pública, luego de que se aprobara la entrega de una bonificación extraordinaria de S/11,000 para todo su personal activo.
Este beneficio financiero, que equivale exactamente a dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), fue depositado de manera generalizada y sin aplicar filtros de jerarquía institucional, antigüedad o régimen laboral.
De este modo, la medida incluyó de forma irrestricta desde altos asesores y personal técnico hasta asistentes y auxiliares, alcanzando un universo aproximado de 3,628 trabajadores beneficiados.
La opacidad en la asignación de estos fondos públicos ha generado serios cuestionamientos, debido a que hasta la fecha no se ha hecho público el documento oficial ni los informes técnicos que sustenten legalmente el desembolso a favor de los servidores parlamentarios.
Esta millonaria entrega de bonificaciones ocurre en un escenario de profunda disparidad respecto a la realidad económica que afrontan otras dependencias del sector público. Mientras el entorno del Parlamento percibe constantes inyecciones de liquidez, miles de servidores estatales bajo el régimen CAS en distintos ministerios e instituciones sufren el impacto directo de las medidas de austeridad fiscal dictadas por el Ejecutivo.