Congreso promulga ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria
Rospigliosi oficializó la norma al no haber sido promulgada por la Presidencia de la República dentro del plazo constitucional
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, oficializó este lunes la promulgación de la ley que reforma el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal.
La medida, dictada por insistencia parlamentaria al vencerse el plazo reglamentario sin pronunciamiento del Ejecutivo, dispone que el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú sea sometido de forma exclusiva a la jurisdicción castrense cuando afronten investigaciones por hechos vinculados a su labor.
Asimismo, el texto normativo prohíbe de manera expresa la doble persecución judicial, aplicando el principio ne bis in idem, e impone la pena de cadena perpetua para aquellos agentes que utilicen su cargo para colaborar con redes del crimen organizado.
La legislación precisa los alcances de lo que constituye un delito de función, abarcando desde operaciones militares en estados de emergencia hasta tareas policiales cotidianas de inteligencia, patrullaje fronterizo, control de identidad e investigación de delitos.
Frente a un eventual conflicto de competencias entre fueros, la Sala Penal de la Corte Suprema tendrá la obligación legal de otorgar prioridad a la justicia militar policial. El proyecto final fue aprobado en junio tras desestimarse diversos recursos de reconsideración en el Pleno, consolidando una iniciativa que unificó múltiples propuestas legislativas orientadas a modificar el tratamiento penal de las fuerzas del orden.
Debate encendido en el Pleno entre el respaldo y los cuestionamientos
La aprobación de esta norma generó un intenso enfrentamiento de posturas en el Hemiciclo antes de su promulgación final. Por un lado, legisladores de bancadas de izquierda expresaron una dura oposición a la iniciativa; en ese sentido, la congresista Ruth Luque advirtió severamente durante las sesiones que “la iniciativa distorsiona los delitos de función”.
En la orilla contraria, los defensores de la reforma sostuvieron que la justicia castrense es el fuero idóneo para juzgar el accionar operativo de las fuerzas armadas y policiales, asegurando que la norma brindará respaldo legal al personal que combate la delincuencia en las calles.