Congreso: proponen hasta 6 años de cárcel para quienes envenenen o abusen sexualmente de animales

La congresista de Ahora Nación propuso aumentar las sanciones contra todo acto de crueldad animal

La congresista Marleny Arminta Valencia, integrante de la bancada Ahora Nación, presentó el Proyecto de Ley 00049-2026-2031-CD, una propuesta de reforma penal orientada a fortalecer las sanciones contra quienes cometan actos de crueldad y abandono en perjuicio de animales domésticos y silvestres.

El documento legislativo plantea modificar el artículo 206-A del Código Penal para establecer penas efectivas más rigurosas y delimitar con precisión las circunstancias bajo las cuales el delito debe considerarse agravado, manteniendo la sanción básica en hasta tres años de pena privativa de la libertad.

Penas de hasta seis años y nuevas agravantes penales

El núcleo de la modificatoria introduce condenas de cuatro a seis años de prisión e inhabilitación cuando los ataques ocasionen “la pérdida o inutilización, temporal o permanente, de un sentido, órgano, miembro o apéndice del animal”.

Asimismo, se estipula la aplicación de este marco penal severo en caso de que se utilicen armas de fuego, fuego, veneno o químicos, cuando medien actos de abuso sexual, o si el responsable ejerce labores de custodia directa, tales como médicos veterinarios, paseadores o agentes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Alto índice de impunidad y archivo de denuncias

En su fundamentación, la iniciativa advierte sobre la limitada respuesta del sistema judicial actual para sancionar a los infractores de manera oportuna. La exposición de motivos recopila datos correspondientes al año 2023, periodo en el que se interpusieron más de mil denuncias por agresión y desamparo de animales, alertando que “más de la mitad de ellas fueron archivadas sin que se produjera un avance significativo en la investigación”, lo que evidencia una brecha procesal que fomenta la impunidad.

Hacia el reconocimiento del bienestar y sintiencia animal

Para respaldar doctrinariamente el cambio normativo, el proyecto toma como referencia el análisis de la especialista Beatriz Franciskovic Ingunza para fundamentar que “la tendencia doctrinal más reciente ha evolucionado hacia el reconocimiento del propio animal como centro de protección”.

Con esta perspectiva, la norma busca afianzar la tutela jurídica de la vida e integridad física de las especies, consagrando legalmente su “condición de ser vivo capaz de experimentar dolor, sufrimiento y emociones”.