
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo y confirmó la medida de 12 meses de prisión preventiva en su contra, en el marco de las investigaciones por la presunta comisión del delito de organización criminal en agravio del Estado (en su condición de presunto líder).
El tribunal basó su decisión en que el exjefe de Estado no cuenta con los arraigos mínimos comprobados para afrontar el proceso en libertad, advirtiendo un elevado riesgo de fuga.
La resolución señala que tanto la esposa como los hijos de Castillo se encuentran en calidad de asilados por el Gobierno de México, por lo que no existe arraigo familiar probado en el país.
El tribunal determinó que el arraigo laboral presentado por la defensa resulta incierto para la justicia, aunque en la ficha del Reniec figura una dirección registrada en Cajamarca, los jueces concluyeron que este dato se debilita ante las facilidades de apoyo extranjero y la posibilidad de sustraerse de la acción de la justicia.
Esta ratificación de prisión preventiva se suma a la situación penal que ya afronta el expresidente en el penal de Barbadillo, donde viene cumpliendo una pena de 11 años de prisión por el delito de rebelión, tras el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
Durante la lectura de sentencia, el tribunal colegiado validó la tesis de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, determinando su responsabilidad penal directa por intentar disolver el Congreso de la República e intervenir el sistema de justicia.
