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Una investigación en el sistema penitenciario peruano revela múltiples problemas estructurales que van más allá del hacinamiento, incluyendo redes WiFi clandestinas operadas desde dentro de los penales.
En el penal de varones del Cusco, una máquina asignada al jefe de división de seguridad proveía señal a internos, mientras el Ministerio de Justicia exoneró a este personal de confianza de pasar por el polígrafo, pese a una resolución que lo exige.
Esta situación se repite en centros como El Milagro de Trujillo, donde se planifican extorsiones y se comercializan drogas con impunidad, evidenciando que las cárceles se han convertido en escuelas del crimen.
Los llamados “delegados”, internos que cobran hasta 15,000 soles por colocar un colchón o por ingreso a celdas, operan con autorización de directores designados a dedo por la presidencia del INPE, amasando millones mensuales.
A esto se suma la falta de equipos básicos, ya que la Defensoría del Pueblo reporta que penales de máxima seguridad como Ancón y Castro Castro carecen de scanners de paquetes y arcos de seguridad funcionales.
Esta crisis sistémica ha llevado al gobierno a evaluar la desaparición del INPE, un anuncio que indigna a sus 11,000 trabajadores y que enfrenta cuestionamientos sobre la viabilidad de una reestructuración sin antes abordar las urgencias operativas.
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