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El proyecto de drenaje pluvial de la microcuenca Cachimayo, una de las obras de infraestructura más esperadas en Cusco para mitigar el impacto de las inundaciones, se encuentra atravesando una severa crisis administrativa que amenaza con paralizar de forma definitiva sus trabajos.
La intervención, que demanda una inversión cercana a los 200 millones de soles con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla la instalación de 10.4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos tanques tormenta destinados a beneficiar a los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián.
Sin embargo, el avance físico de la obra se vio gravemente afectado desde abril de 2025 a raíz de un prolongado conflicto social en el frente Casuarinas. Los vecinos de la zona impidieron la construcción de los tanques tormenta frente a sus predios alegando riesgos en el terreno.
Esta paralización social, que según los propios informes técnicos de la supervisión escapó al control del contratista, mantuvo detenido durante más de 300 días un componente crucial de la obra que representa el 60 % del plazo contractual.
Ante la imposibilidad de avanzar según el cronograma original por causas ajenas a su gestión, la empresa supervisora Consorcio Concremat-Milla emitió un informe técnico el 24 de julio de 2026 recomendando otorgar una ampliación de plazo de 158 días calendario al Consorcio Cachimayo.
Pese al respaldo de la supervisión, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), a través de su administración de contratos, decidió denegar de manera oficial el tiempo adicional mediante un informe emitido el 8 de septiembre de 2026.
La negativa del PNSU coloca al proyecto en un escenario de imposible cumplimiento operativo, ya que resulta inviable recuperar casi un año de retraso provocado por protestas sin la concesión de un plazo complementario.
El representante del Consorcio Cachimayo, Juan Carlos Velázquez, junto a especialistas en derecho de la construcción, advirtieron que un peritaje técnico determinó que las pérdidas generadas únicamente por la improductividad y permanencia en obra superan los 35 millones de soles, monto que ahora forma parte de la controversia financiera con el Estado.
Frente a la gravedad de la situación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del viceministro Carlos Lezameta Escribens, dispuso la conformación de una mesa de trabajo para buscar una salida institucional a la obra.
No obstante, la medida ha sido fuertemente cuestionada debido a que la vocería y la evaluación técnica quedaron en manos de funcionarios que formaron parte de la gestión que generó los retrasos y denegó las solicitudes del contratista, lo que genera dudas sobre la imparcialidad para reconocer los costos de la paralización.
De no alcanzarse una solución concertada que reconozca los días perdidos y los mayores costos operativos, el conflicto se trasladará inevitablemente a fueros arbitrales.
De concretarse este escenario, especialistas advierten que el Estado peruano se expone a perder montos superiores a los 35 millones de soles iniciales por concepto de intereses y costas procesales, dejando inconclusa una infraestructura esencial antes del inicio de la temporada de lluvias en el sur del país.