El Ejecutivo declaró el estado de emergencia, por 60 días calendario, en cinco distritos de Ayacucho afectados por los movimientos sísmicos registrados el 20 de agosto. La medida comprende a Chumpi, Coracora, Pullo y Upahuacho, en la provincia de Parinacochas, y Carapo, en la provincia de Huanca Sancos, debido a los daños reportados en viviendas, instituciones educativas, infraestructura de transporte y locales públicos.
La disposición se oficializó mediante el Decreto Supremo N.º 119-2026-PCM, publicado en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. La norma establece que durante este periodo se ejecutarán medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias para atender la emergencia y desarrollar trabajos de rehabilitación en las zonas afectadas.
La declaratoria responde a los daños ocasionados por el sismo de magnitud 7.2 registrado en Coracora. Según la evaluación preliminar del Gobierno Regional de Ayacucho, 498 personas resultaron afectadas y tres fueron atendidas por lesiones. Además, 83 viviendas presentan daños, seis fueron declaradas inhabitables y una quedó destruida.
En tanto, 21 instituciones educativas y 26 establecimientos de salud presentan algún nivel de afectación. También se identificaron daños en infraestructura de riego, un aspecto considerado prioritario por las autoridades debido a su importancia para las actividades productivas de la zona.
El gobernador regional Wilfredo Oscorima Núñez informó que los tres heridos se trasladaron al Hospital de Apoyo de Coracora, donde recibieron atención médica y posteriormente les dieron el alta. No se han reportado víctimas mortales.
La intervención estará a cargo del Gobierno Regional de Ayacucho y de las municipalidades de los distritos comprendidos. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) tendrá a su cargo la coordinación técnica y el seguimiento de las acciones que se desarrollen durante la emergencia.
También participarán los ministerios de Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, Interior, Defensa, Energía y Minas, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social, entre otras entidades.
Las autoridades deberán sustentar las intervenciones con estudios técnicos y mantener una relación directa entre cada acción y los daños provocados por el sismo. El decreto también permite modificar las medidas de acuerdo con las necesidades que se identifiquen durante la atención de la emergencia.
La declaratoria de emergencia permite canalizar donaciones en beneficio de la población afectada, de acuerdo con la Ley N.º 30498, ley que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales. Entre los bienes contemplados figuran alimentos, bebidas, medicamentos, material médico, ropa, calzado, colchones, productos de higiene, pañales para adultos, bloqueadores solares y repelentes.
También pueden donarse carpas, toldos, bolsas de dormir, herramientas, linternas, pilas, baterías, generadores eléctricos y materiales de construcción. La norma incluye maquinaria y equipos necesarios para atender la emergencia, como motobombas, hidrojets, volquetes, tractores y otros implementos destinados a responder a las necesidades de las zonas afectadas.
La implementación de las acciones se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público. El decreto lo refrendó la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y los ministros correspondientes.