
Martha Chuquipiondo, conocida como “La mujer boa”, sobrevivió a dos accidentes aéreos con 111 fallecidos y a una relación con Cromwell Gálvez, el cajero que robó tres millones de dólares.
Ahora enfrenta una batalla legal de 26 años por recuperar una propiedad de 500 metros cuadrados en el distrito de Cieneguilla que, según ella, compró con las indemnizaciones de los siniestros.
La propiedad, adquirida según muestra un contrato de compraventa con el anterior dueño Juan Pillaca, no pudo ser inscrita en Registros Públicos por carecer de título.
Mientras estuvo prófuga y sin recursos, Chuquipiondo asegura que cedió temporalmente el terreno al fallecido dueño de la Salsoteca El Tumbao, Carlos González, a cambio de mil dólares que jura nunca recibió.
Tras su salida de prisión, inició una disputa que ahora involucra a Cristian Vivar, hijo de un antiguo empleado de González, quien hoy ocupa la vivienda y se proclama propietario.
La abogada de Chuquipiondo denunció que González presentó ante COFOPRI documentos con firmas que no pertenecen a su clienta.
Dos contratos presuntamente firmados el 17 de julio de 2003 presentan tipografías distintas y solo uno está legalizado en notaría.
La expareja de González, la cantante cubana nacionalizada peruana Bernice Hernández, aparece en los registros como poseedora de la propiedad, aunque renunció a esos derechos.
Vivar, quien llegó a la casa a los cinco años, se niega a mostrar pruebas de su título y solo responde que “en su momento” dará declaraciones.
Chuquipiondo, que sobrevivió a la caída de dos aviones en 1997, pasó un año en prisión vinculada al caso de Cromwell Gálvez y asegura haber dejado las drogas y entregado su vida a Dios.
Desde la reja de la propiedad que reclama, observa cómo Vivar ocupa el segundo piso que ella construyó y donde soñaba vivir su vejez con sus nietos.
La mujer boa exige a COFOPRI una respuesta tras 26 años de silencio y advierte que no teme regresar a la cárcel por defender lo que considera suyo.
La entidad, extraoficialmente, atribuye la demora a un supuesto conflicto de intereses que mantiene la propiedad sin dueño registrado.