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Estados Unidos expresó su preocupación por el marco legal que regula la supervisión del puerto de Chancay al advertir que las recientes modificaciones normativas restringirían la capacidad del Estado peruano para fiscalizar actividades en esta infraestructura de uso público pero administración privada.
Mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental respaldó el derecho soberano del Perú a ejercer control efectivo sobre el terminal, considerado uno de los más grandes y estratégicos del Pacífico sudamericano.
El embajador de Estados Unidos en Lima, en su primera declaración pública de alto perfil desde su nombramiento, replicó el mensaje oficial y advirtió que “el dinero chino barato cuesta soberanía”, en una clara señal de alerta hacia los países de la región que reciben inversiones de la potencia asiática sin mecanismos de supervisión adecuados.
La advertencia diplomática coincidió con la preocupación de sectores del Congreso peruano, que han solicitado al Ejecutivo informes detallados sobre los alcances de los contratos de concesión y las facultades reales del Estado para auditar operaciones, seguridad y posibles usos duales de la infraestructura portuaria.
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