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En una decisión que marca un punto de inflexión en la política laboral del Estado peruano, el presidente José María Balcázar promulgó la Ley Nº 32563, la cual modifica sustancialmente el Decreto Legislativo 1057. Esta norma reconoce, por primera vez de manera plena, el derecho de los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) a percibir gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). La medida busca corregir una asimetría histórica que mantenía a miles de servidores públicos con beneficios recortados en comparación con otros regímenes laborales del Estado.
De acuerdo con el texto legal publicado en el Diario Oficial El Peruano, los trabajadores CAS recibirán dos gratificaciones anuales, cada una equivalente a una remuneración mensual completa, superando el monto fijo que se otorgaba anteriormente bajo el concepto de aguinaldo. Respecto a la CTS, esta se calculará sobre la base del 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio. Es importante precisar que este beneficio tendrá un carácter cancelatorio y será abonado únicamente al término del vínculo laboral entre el servidor y la entidad pública, funcionando como un fondo de contingencia ante el desempleo.
La implementación de esta ley no ha estado exenta de debate técnico. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había advertido previamente que la medida generaría una presión significativa sobre las arcas fiscales, estimando un costo anual de aproximadamente S/ 2,800 millones. No obstante, el Ejecutivo ha dispuesto que el financiamiento de estos beneficios se realice mediante modificaciones presupuestarias internas en cada entidad de los tres niveles de gobierno. Esto implica que las instituciones deberán priorizar sus recursos propios sin demandar partidas adicionales al Tesoro Público, un reto administrativo que requerirá una gestión eficiente del gasto corriente.
La Ley Nº 32563 también introduce cambios en la estructura de los contratos CAS. Se definen tres modalidades principales: contratos a plazo indeterminado para labores permanentes (previo concurso público), contratos a plazo determinado para suplencias o necesidades transitorias con un límite de renovación de cinco años, y contratos de confianza. Asimismo, la norma ratifica la condición de indeterminados para aquellos trabajadores que adquirieron dicho estatus bajo la Ley 31131, garantizando que no haya retrocesos en los derechos ya reconocidos por el sistema jurídico peruano.
Complementariamente, el Gobierno promulgó la Ley Nº 32566, orientada específicamente al sector salud. Esta norma autoriza, de manera excepcional y por única vez, el cambio de contrato de CAS-COVID a CAS regular para el personal asistencial de EsSalud que laboró durante la emergencia sanitaria. Esta disposición busca uniformizar las condiciones laborales de quienes estuvieron en la primera línea de defensa contra la pandemia y que, hasta la fecha, no habían sido integrados plenamente al régimen regular, asegurando así la continuidad de los servicios de salud bajo criterios de igualdad y meritocracia.
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