El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco penales del Perú durante 60 días. Esta medida forma parte de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana y combatir el crimen organizado que involucra a los establecimientos penitenciarios.
El Gobierno oficializó la medida mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM. Esta comprende los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.
Durante la emergencia, la Policía Nacional tendrá a su cargo el control del orden interno con respaldo de las Fuerzas Armadas. La intervención se concentrará en el perímetro exterior de los establecimientos, hasta un radio de 200 metros.
En las zonas comprendidas por la declaratoria, quedarán temporalmente suspendidos los derechos constitucionales relacionados con la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal. La suspensión se aplicará de acuerdo con las condiciones establecidas en la norma.
El despliegue de seguridad también abarcará los alrededores de los penales, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato. Además, las autoridades realizarán controles en los accesos y labores de inteligencia para detectar amenazas y prevenir posibles fugas.
Las autoridades también ejecutarán operativos permanentes para retirar objetos prohibidos. En coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, buscarán decomisar celulares, tarjetas SIM y armas que puedan utilizarse para facilitar actividades ilícitas.
Mientras tanto, el INPE conservará la administración y custodia interna de los establecimientos penitenciarios.
De acuerdo con el Ejecutivo, los cinco penales incluidos en la medida concentran cerca del 50 % de los internos vinculados con organizaciones criminales. El objetivo es impedir que estas estructuras utilicen los centros de reclusión para coordinar actividades delictivas hacia el exterior.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que las acciones contra la inseguridad ya están en marcha, independientemente de la solicitud de facultades presentada ante el Congreso.
“Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad”, señaló.
Asimismo, sostuvo que con la eventual aprobación de dichas facultades se podrá fortalecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad.
La medida fue coordinada luego de una reunión entre la presidenta Keiko Fujimori, Luis Galarreta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano.
El encuentro se realizó en Palacio de Gobierno y tuvo como objetivo establecer las acciones inmediatas para fortalecer el sistema penitenciario. También permitió definir las principales líneas de trabajo de la nueva gestión del INPE.