
El partido político Juntos por el Perú (JP) de Roberto Sánchez ha desplegado dos estrategias judiciales en paralelo a la batalla electoral, buscando cuestionar el proceso de la segunda vuelta mediante acciones legales interpuestas ante el Poder Judicial.
La primera es una acción de amparo presentada por el abogado Walter Ayala para dejar sin efecto la decisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de cambiar el mecanismo de digitalización del voto en el extranjero una semana antes de los comicios.
La segunda se trata de un habeas corpus presentado por el estudio jurídico que defendió a Antauro Humala donde denuncian presuntos delitos electores y pide revisar las actas consideradas como sospechosas.
Ambos recursos deben subsanar las observaciones indicadas por el Poder Judicial y después admitir su trámite.
Sin embargo, correría la misma suerte que la demanda presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo para suspender la segunda vuelta.
Constitucionalistas consultados señalaron que existe un precedente que establece que los temas electorales deben resolverse estrictamente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y no por el Poder Judicial.