
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, fue categórico al señalar que el exmandatario Pedro Castillo permanecerá recluido en prisión, cerrando las puertas a cualquier posibilidad de excarcelación.
La máxima autoridad del Legislativo recordó que el exjefe de Estado afronta graves cargos judiciales derivados de su intento de quiebre constitucional, además de diversas investigaciones en curso por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
Con una postura firme, el parlamentario de Fuerza Popular enfatizó que la permanencia de Castillo tras las rejas es una situación indiscutible y que bajo ningún motivo formará parte de una mesa de diálogo político: “Pedro Castillo no va a salir de prisión. Él está procesado por el golpe de Estado y, además, tiene varios procesos por corrupción. Así que no debe salir de prisión y ese no es un tema de discusión”.
Esta enérgica respuesta surge como réplica directa a las declaraciones del parlamentario Roberto Sánchez, exaspirante presidencial por Juntos por el Perú. Recientemente, Sánchez planteó una serie de demandas para iniciar un posible acercamiento con la proclamada mandataria electa, Keiko Fujimori, colocando la liberación del exlíder chotano como un requisito indispensable entre sus condiciones.
Frente a esto, Rospigliosi sepultó la viabilidad de dicha propuesta e instó a priorizar el respeto al marco legal, señalando que la estabilidad nacional no puede ser condicionada por agendas políticas particulares que pretendan vulnerar las decisiones de la justicia.
El titular del Parlamento también calificó de incoherente e infundada la convocatoria de Roberto Sánchez para realizar protestas a nivel nacional este 28 de julio, fecha en la que Keiko Fujimori asumirá de forma oficial la conducción del Poder Ejecutivo para el período 2026-2031.
El legislador argumentó que el país no se encuentra en un escenario que justifique la interrupción del orden público y recalcó que la ciudadanía anhela una etapa de tranquilidad que permita impulsar el crecimiento económico tras una década marcada por la volatilidad institucional: “No tiene sentido realizar movilizaciones sin ningún fundamento”.