La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a través del Quinto Despacho, realizó un operativo de allanamiento, registro e incautación en ocho inmuebles como parte de una investigación por el presunto direccionamiento de contratos para el suministro de alimentos destinados al personal de la Policía Nacional del Perú (PNP).
La investigación preliminar comprende a cinco efectivos policiales de la División de Seguridad de Penales de la Dirección de Seguridad Integral (Dirseint PNP) y dos particulares, quienes son investigados por el presunto delito de colusión agravada. La Fiscalía sostiene que los involucrados habrían concertado para favorecer a una empresa durante los procesos de contratación realizados entre 2024 y febrero de 2026.
Según la hipótesis fiscal, los investigados habrían intervenido en los procesos de contratación para beneficiar a Proveeduría Pilema S.A.C., empresa encargada del suministro de alimentos. Las diligencias buscan determinar si los procedimientos fueron manipulados o si se omitieron controles administrativos para que dicha compañía obtuviera los contratos.
La Fiscalía investiga si integrantes de la Dirseint PNP habrían utilizado sus cargos para intervenir directamente en la administración de los fondos asignados a la Ración Orgánica Única Diaria (ROUD) de la PNP. Esta intervención habría permitido favorecer de manera sistemática a la empresa proveedora.
El Ministerio Público también busca establecer si durante los procesos de contratación se habrían evadido controles administrativos. La pesquisa deberá determinar el mecanismo utilizado para concretar el supuesto favorecimiento y la eventual participación que tuvo cada uno de los involucrados.
Otro de los elementos considerados en la investigación es el vínculo que, según el Ministerio Público, existía entre la proveedora Julia Miranda y Cynthia Vásquez, quien se desempeñaba como jefa de Logística de la División de Seguridad de Penales de la Dirseint PNP.
Para la Fiscalía, esta relación habría facilitado el presunto favorecimiento de la empresa dentro de los procesos de contratación cuestionados. Este elemento forma parte de las pesquisas que buscan establecer si existió una coordinación previa entre funcionarios y particulares.
Las diligencias se ejecutaron de manera simultánea en ocho inmuebles ubicados en Los Olivos, Carabayllo, Rímac, Comas, San Martín de Porres y el Callao. El operativo estuvo dirigido por el fiscal adjunto provincial Leonardo Rosales Zavala.
En la intervención participaron 12 fiscales y seis asistentes. También colaboraron agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP, además de representantes de la Defensa Pública.
Entre los efectivos policiales investigados figuran Luis Santos, exjefe de la División de Seguridad de Penales de la Dirseint; Godfredo Villavicencio, José Piscoya y Luis Larrea. Además de José Miranda, trabajador de la empresa proveedora.
Uno de ellos es José Miranda, trabajador de Proveeduría Pilema S.A.C. La Fiscalía deberá determinar durante el desarrollo de la investigación preliminar si existieron acuerdos entre los funcionarios y los particulares y si estos tuvieron como finalidad alterar los procesos de contratación.