El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao dispuso el inicio del juicio oral contra el actual ministro de Cultura, Alberto Beingolea, luego de determinarse la existencia de suficientes elementos de convicción para procesarlo por el presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado.
Frente a este caso, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao solicitó una condena de 10 años de pena privativa de la libertad contra el titular de la cartera de Cultura.
Asimismo, el requerimiento fiscal incluye un pedido de 13 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de 550 días multa. Por su parte, la Procuraduría Pública solicitó una reparación civil de 50 mil soles.
Las investigaciones se remontan al año 2019, período en el que Beingolea habría concertado con funcionarios del Gobierno Regional del Callao para obtener la adjudicación y cobro de una orden de servicio por asesoría legal valorizada en 30 mil soles. Según la tesis planteada por la Fiscalía, dicha prestación de servicios no se habría ejecutado de manera efectiva.
El órgano fiscal sostiene que el hoy ministro no acreditó documentalmente los estudios ni la experiencia profesional exigida en los términos de referencia del proceso. Adicionalmente, las pesquisas señalan que los tres informes legales presentados por el imputado eran de carácter genérico o correspondían a materias fuera del ámbito de competencia de las áreas jurídicas del gobierno regional.
En su defensa, Beingolea sostiene que el trabajo sí se realizó y que cuenta con sellos, registros de visitas y testimonios que respaldan sus funciones.
Para evitar la realización del juicio oral, la defensa técnica del ministro presentó dos recursos ante el Poder Judicial: un pedido de archivo definitivo y un cuestionamiento a la tipificación del delito.
La defensa argumentó la ausencia de pruebas directas sobre una concertación dolosa e independientemente calificó los hechos como meros defectos administrativos.
Sin embargo, el Poder Judicial rechazó ambas solicitudes, decisión que fue ratificada por la Sala Penal de Apelaciones al recordar que el delito de colusión puede acreditarse mediante indicios probatorios, pericias contables e informes de control.