Fiscalía pide 9 años de prisión para Harvey Colchado por presunta negociación incompatible
El ahora diputado Colchado, se pronunció a través de sus redes sociales para negar los cargos
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, bajo el despacho de la fiscal Diana Mayra Paico Guevara, presentó un requerimiento acusatorio contra el exoficial de la Policía Nacional y actual diputado Harvey Colchado.
El Ministerio Público solicitó una pena privativa de la libertad de 9 años y 4 meses en su contra tras imputarle la comisión de los delitos de negociación incompatible, en calidad de cómplice, y falsedad ideológica, en condición de autor.
La acusación por el delito de falsedad ideológica se centra en las presuntas irregularidades contenidas en un Poder Especial notarial otorgado por Colchado sobre un inmueble ubicado en la avenida Guillermo de la Fuente N° 1058, en el distrito de Comas, propiedad que adquirió tras un proceso de sucesión intestada.
Según el documento suscrito el 30 de abril de 2021 ante el notario Paul Hinojosa Carrillo, el imputado concedió facultades de administración, alquiler y compraventa a favor de Martina Huamaní Ordóñez, identificándose en dicho acto oficial como una persona “de ocupación independiente”.
Sin embargo, la representación fiscal cuestiona la veracidad de dicha declaración al contrastarla con la Resolución Ministerial N° 227-2021-IN expedida el 3 de abril de 2021 por el entonces ministro del Interior, Alfonso Chávarry Estrada.
El Ministerio Público advierte que, a la fecha del trámite e inscripción notarial ante la Sunarp el 18 de mayo de 2021, Colchado ostentaba el grado de coronel de la Policía Nacional del Perú en servicio activo, por lo que la consignación de una actividad distinta en el instrumento público configuraría la infracción penal tipificada en el artículo 428° del Código Penal.
Incongruencias en el instrumento público y el fuero penal
La imputación por falsedad ideológica resalta la exigencia legal de veracidad que rige la suscripción de documentos notariales y registros públicos por parte de funcionarios en actividad.
Al haber omitido presuntamente su condición de oficial en ejercicio dentro de un trámite patrimonial, el caso se suma a los cargos por negociación incompatible, fundamentando el pedido de la fiscalía para llevar al excoronel a juicio oral bajo una severa pretensión punitiva de prisión efectiva.