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La delincuencia juvenil en el Perú presenta una compleja radiografía donde la desesperación familiar y la ineficacia del sistema de rehabilitación confluyen, como muestra el caso de una madre en Casma que entregó a su hijo de 13 años a la policía tras su tercer robo.
Esta decisión extrema refleja la impotencia de las familias ante la reincidencia y la falta de alternativas efectivas, en un contexto donde los centros juveniles, que albergan a 3,873 adolescentes, son descritos por expertos como instalaciones inadecuadas que originalmente fueron albergues u orfanatos.
Estos lugares, con perímetros débiles y diseños no aptos para la seguridad, registran constantes motines y fugas, como el ocurrido recientemente en Maranguita, donde los internos quemaron colchones y vecinos exigen la reubicación del centro.
Frente a esta crisis, una nueva ley vigente desde mayo del año pasado permite juzgar como adultos a jóvenes desde los 16 años por delitos graves como sicariato, extorsión o violación, enviándolos a cárceles comunes del INPE donde ya hay alrededor de 65 menores cumpliendo condena.
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