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El caso del adolescente de 17 años que falleció en la carceleta de la comisaría de Manchay también ha puesto en debate los protocolos que la Policía debe aplicar cuando interviene a un menor de edad.
Al respecto, el abogado y expolicía en retiro José Palacios explicó que un adolescente detenido no puede permanecer recluido en un calabozo junto a adultos y debe recibir un trato preferencial.
El especialista precisó que los efectivos están obligados a seguir un procedimiento específico que incluye comunicar de inmediato la intervención a los padres y activar la participación de la Fiscalía de Familia.
El abogado y expolicía José Palacios explicó que, desde el momento de la detención, los agentes están obligados a informar de inmediato a los padres, a la Fiscalía de Familia y, de existir un presunto delito, a la Fiscalía Penal.
El especialista remarcó, además, que un menor de edad no puede compartir una carceleta con adultos ni permanecer en un calabozo común. “Un menor no puede ingresar a un calabozo, no puede. Tiene que haber un lugar especial para hacer detener a este menor”, afirmó.
Asimismo, precisó que, ante una eventual resistencia, los efectivos pueden emplear la fuerza de manera proporcional para reducir al intervenido, pero siempre respetando su condición de adolescente.
La muerte del adolescente de 17 años en la carceleta de la comisaría de Manchay también ha reavivado el debate sobre las garantías que deben recibir los menores durante una intervención policial.
El abogado y expolicía Palacios recordó que toda persona detenida tiene derecho a comunicar su situación a su familia y que, en el caso de los adolescentes, la Policía debe informar de inmediato a sus padres.
El especialista agregó que basta con que el padre o la madre informe verbalmente que su hijo es menor de edad para que se active el protocolo de protección, sin que sea necesario presentar el DNI en ese momento.
El expolicía en retiro afirmó que las conductas denunciadas en este caso configurarían varios delitos, entre ellos cohecho, abuso de autoridad y exposición al peligro con resultado de muerte.
“El hecho solamente de haberle solicitado, ni siquiera que se lo lleve, basta que le diga ‘déjame para una gaseosa, un pollo’, ya es un delito y es grave. En el caso de los funcionarios, no solamente el delito propiamente de cohecho, sino todavía con el agravante”, explicó.
El especialista también lamentó que este tipo de hechos ponga nuevamente en evidencia los presuntos actos de corrupción al interior de la Policía Nacional del Perú.
“Esto trae el tema de la corrupción que hay dentro de la Policía Nacional del Perú, y eso viene desde arriba, desde la Comandancia General”, sentenció.