Jefe de la ONPE se pronuncia: “Nosotros no somos ninguna banda criminal, siempre hemos sido transparentes”

Bernardo Pachas respondió a lo dicho por el candidato Rafael López Aliaga

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El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, desestimó enfáticamente los duros señalamientos vertidos por el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien tildó a la entidad de “mafia criminal” y advirtió con buscar penas de hasta 20 años de prisión para sus directivos: “Este miércoles (7 de octubre) voy a declarar como acusador a toda la mafia criminal de ONPE y voy a meterlos a la cárcel 20 años por haber robado la voluntad popular”.

Frente a estas afirmaciones en RPP, la autoridad electoral defendió la integridad del organismo y argumentó que los tropiezos operativos no configuran actos ilícitos: “Nosotros no somos ninguna banda criminal. Siempre hemos sido transparentes, siempre. Una falla logística (…) sucedida en una zona del país, de Lima, lamentablemente, una falla logística no nos hace delincuentes a los que estuvimos y a los que estamos y estaremos”.

Investigaciones en curso y descargo institucional

Respecto a las observaciones planteadas sobre la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, Pachas remarcó que cualquier cuestionamiento técnico o incidente se encuentra bajo la evaluación de los fueros competentes: “En el medio hay un proceso de investigación que resolverá el tema. Nosotros siempre actuamos con honestidad, con transparencia y respeto a la ley”.

Asimismo, ratificó que la institución mantiene una postura de colaboración absoluta frente a las pesquisas, alejándose de cualquier sospecha de manipulación de la voluntad ciudadana.

Entrega de información al Ministerio Público

Con relación a la diligencia judicial anunciada por el postulante municipal, el titular interino confirmó que la ONPE ya remitió todos los expedientes, actas y antecedentes requeridos por el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido. De este modo, la entidad busca demostrar la trazabilidad y la legalidad de los resultados electorales, dejando el caso en manos de las autoridades judiciales correspondientes.