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La revelación de una base de datos con el historial de llamadas de delincuentes, administrada por una concesión privada durante diez años, expone una grave omisión por parte de sucesivos gobiernos que no utilizaron esta herramienta clave, según José Jerí.
Esta información, que permaneció sin ser explotada pese a documentar la planificación de extorsiones y sicariato, representa una oportunidad perdida para prevenir innumerables actos delictivos, lo que genera cuestionamientos sobre la voluntad política de las administraciones anteriores.
El actual gobierno afirma estar rectificando este vacío, aunque la ciudadanía espera que este compromiso se traduzca en acciones concretas y no en declaraciones, dado el profundo impacto que esta negligencia ha tenido en la seguridad nacional.
La pregunta central ahora recae en la responsabilidad de los ministros del Interior y gabinetes que, en la última década, optaron por no intervenir a pesar de contar con los medios para desarticular redes criminales desde su raíz.
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