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La criminalidad ahora tiene en la mira a jueces y fiscales y los amenazan de muerte, según evidencia el caso de la fiscal Margarita Haro, quien recibió un ultimátum de 24 horas para abandonar su cargo en San Juan de Lurigancho. Los emisores, identificados como la organización criminal “Los Chukys“, le exigieron apartarse del caso contra esta banda que opera en la zona de Juan Pablo II, amenazándola con convertirla en “objetivo de su organización” si persistía en su labor.
Esta intimidación se produjo semanas después de que la magistrada lograra que el Poder Judicial impusiera 18 meses de prisión preventiva contra integrantes de este grupo delictivo. La Policía Nacional ha destinado esquemas de seguridad 24/7 para la fiscal Haro y otros operadores de justicia amenazados, aunque estas medidas podrían resultar insuficientes ante la escalada de violencia. Las bandas criminales, que tradicionalmente extorsionaban a transportistas y pequeños empresarios, ahora focalizan sus amenazas contra quienes investigan sus actividades en el distrito más poblado de Lima.
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