¿La ley protege a la víctima o al delincuente? Abogado penalista lo analiza
El abogado Julio Rodríguez explicó que el empresario debería ser liberado al cumplirse las 48 horas de detención.
El caso del empresario Danilo Evangelista Medina, quien abatió a un presunto delincuente durante un intento de asalto en el distrito de San Martín de Porres, abrió el debate sobre los alcances de la legítima defensa en el Perú.
Para el abogado penalista Julio Rodríguez, la legislación protege a quienes repelen una agresión ilegítima cuando su vida o integridad corren peligro.
El especialista explicó que la detención por 48 horas responde al procedimiento de flagrancia.
Sin embargo, precisó que la Policía debe evaluar los elementos del caso y, si encuentra indicios de que el empresario actuó en legítima defensa, corresponde ponerlo en libertad y continuar la investigación conforme a ley.
¿Por qué el empresario sigue detenido si actuó en legítima defensa?
Julio Rodríguez explicó que la Policía puede retener a una persona hasta por 48 horas cuando existe flagrancia. Durante ese plazo, los investigadores deben reunir las pruebas necesarias para determinar si el uso de la fuerza estuvo amparado por la legítima defensa.
El abogado precisó que la ley no obliga a una persona a esperar un disparo o una agresión consumada para defenderse.
Según indicó, basta con que exista un peligro real e inminente para que la respuesta pueda considerarse legítima. No obstante, aclaró que la Fiscalía será la encargada de evaluar las pruebas y definir si este caso cumple con esos requisitos.
Abogado pide priorizar la condición de víctima
Julio Rodríguez recordó que la legítima defensa está reconocida en la Constitución y en el Código Penal. Además, señaló que un ciudadano puede portar un arma de manera legal y utilizarla para proteger su vida o la de terceros cuando enfrenta una agresión ilegítima.
El penalista sostuvo que Danilo Evangelista debe ser considerado como la presunta víctima del intento de robo y no como autor del hecho.
En paralelo, indicó que Joseph James Salcedo Tanchiva debería afrontar una investigación por presunto robo agravado en grado de tentativa.
Finalmente, pidió que el Ministerio Público resuelva la situación jurídica del empresario en un plazo razonable, una vez concluida la investigación.
Cuestiona la aplicación de la legítima defensa
Julio Rodríguez explicó que el Ministerio Público debe reunir pruebas como la necropsia, los antecedentes, los testimonios y la declaración del empresario antes de definir su situación jurídica.
A su juicio, si los elementos confirman la legítima defensa, la investigación debería archivarse en un plazo de dos a tres meses. El abogado también cuestionó la forma en que algunos operadores de justicia aplican esta figura legal.
Según indicó, en muchos casos no se interpreta correctamente el derecho que tiene una persona a proteger su vida frente a una agresión ilegítima, lo que termina prolongando procesos que, a su criterio, deberían resolverse con mayor rapidez.