La Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon una presunta organización criminal acusada de defraudar más de 22 millones de soles al sistema previsional y aseguradoras mediante la falsificación de defunciones.
La red, presuntamente encabezada por el médico legista Edgar Eduardo Poma Condori, seleccionaba a ciudadanos fallecidos años atrás para “resucitarlos” documentalmente, registrarlos como trabajadores activos con aportes simulados y, posteriormente, emitir un segundo certificado de defunción para cobrar indemnizaciones, seguros de vida y gastos de sepelio.
Las pesquisas dirigidas por la Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro revelaron que la estructura criminal utilizaba actas de matrimonio y partidas de nacimiento adulteradas para crear vínculos familiares ficticios. Para justificar la vigencia laboral de los difuntos, compañías como Delta Élite Seguridad y Vigilancia los registraban en sus planillas con aportes durante meses clave, mientras que funerarias como Luz en el Cielo y de Alcázar coordinaban los supuestos servicios exequiales necesarios.
Entre los expedientes detectados destaca el de José Valdez Gutiérrez, quien murió en 2008 pero fue registrado con un segundo deceso por COVID-19 en 2020 en Cusco, permitiendo que una supuesta cónyuge cobrara más de un millón de soles tras meses de aportes fantasma.
Un patrón similar ocurrió con César Chura Ticona, por quien se desembolsaron 941 mil soles a favor de una beneficiaria que también cobró por otro falso fallecido, y con Lino Huamaní Ilares, cuya aparente viuda tramitó un cobro de 1.2 millones de soles.
El coronel PNP Luis Castillo, jefe de la División de Investigación de Delitos Públicos, advirtió sobre la gravedad del accionar del médico legista investigado: “Se presume que Poma Condori pudo haberse valido de su cargo para certificar como fallecidas a personas que incluso podrían haber sido buscadas por la justicia”.
El proceso incluye a empresarias funerarias como Nelly Monroy Zapana y tramitadoras como Adriana Villanueva Flores, mientras las autoridades continúan rastreando otros posibles expedientes adulterados a nivel nacional.