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Las economías ilegales estarían infiltrándose en el sistema político peruano a través de la financiación de campañas electorales, según revela una investigación sobre los vínculos entre candidatos y actividades ilícitas.
El caso más emblemático corresponde a Bruce Lee Bermúdez Guerra, señalado por la policía como proveedor del cartel de Sinaloa y actualmente con pedido de extradición por la DEA, quien permaneció como afiliado de Alianza Para El Progreso pese a su historial delictivo.
Este sujeto, capturado en octubre por la DIRANDRO pero liberado bajo régimen de comparecencia, habría enviado hasta dos toneladas mensuales de cocaína hacia México y Estados Unidos utilizando el puerto del Callao como punto de salida, mientras simultáneamente postulaba a la alcaldía del distrito de Sibia en Ayacucho.
La infiltración se extiende a otros partidos políticos como Podemos Perú, Perú Libre y Perú Primero, que mantienen en sus filas a más de 160 personas inscritas en el REINFO por su vinculación con minería ilegal.
El financiamiento ilícito operaría principalmente mediante dinero en efectivo no bancarizado, representando aproximadamente el 90% de los gastos de campaña según especialistas, lo que dificulta el control por parte de la ONPE.
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