
El arranque del feriado largo por Fiestas Patrias volvió a desatar la indignación de miles de viajeros debido al drástico incremento en el precio de los pasajes interprovinciales desde Lima hacia el centro y sur del país. En las horas previas a las festividades, los usuarios denunciaron que las tarifas se elevaron considerablemente, llegando en algunos casos a cuadruplicar sus valores habituales.
Esta coyuntura afectó severamente la economía de familias y trabajadores que requerían desplazarse por motivos de descanso, salud o reunión familiar.
Los reclamos más intensos se concentraron en los terminales terrestres de Yerbateros (San Luis) y Atocongo (San Juan de Miraflores). En Yerbateros, destino habitual hacia la sierra central, los boletos a Huancayo, que normalmente oscilan entre S/30 y S/50, alcanzaron picos de hasta S/200.
“Nos dijeron que era por la alta demanda y por los problemas en la carretera, pero ahora todo está normal y el precio sigue igual de alto”, señaló uno de los usuarios afectados, haciendo referencia a que las empresas continuaron justificando el alza con un accidente ocurrido días atrás en la Carretera Central (Chicla), pese a que el tránsito ya había sido restablecido.
Este escenario golpeó especialmente a las familias numerosas, como el caso de un grupo de nueve integrantes cuyo presupuesto estimado de S/273 se disparó a casi S/1,400.
Una situación similar se registró en el terminal de Atocongo para los viajes hacia Ica, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde las tarifas subieron hasta en un 100 %. En el caso de los buses hacia Arequipa, los pasajes que suelen costar entre S/100 y S/120 se vendieron entre S/200 y S/220, llegando incluso a picos de S/280 en las horas de mayor afluencia.
Aunque diversos especialistas en el sector señalan que este fenómeno responde a la libre oferta y demanda que se dispara durante las fechas festivas, los pasajeros manifestaron que este año el incremento ha sido mucho más agresivo que en temporadas anteriores.
Frente a ello, los viajeros exigieron una presencia más firme de las entidades de control para fiscalizar la transparencia en la publicación de precios y evitar cobros desmedidos en fechas de alta movilidad nacional.