
El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley con el que busca obtener facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y otras áreas durante un plazo de 60 días calendario. La solicitud fue enviada con carácter de urgente, en línea con lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución.
El proyecto llegó acompañado de un oficio en el que se pide acelerar el trámite para su evaluación. Según el documento, el objetivo central es atender la demanda ciudadana frente al incremento de actos delictivos y optimizar la capacidad de respuesta del Estado. En el texto se detalla de manera explícita.
“La presente Ley tiene por objeto delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en la materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada y crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional por el plazo de 60 días calendario, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley”, indica.
Asimismo, la propuesta subraya que la delegación de facultades busca asegurar una mejora sostenida en la prevención y control del delito, además de reforzar las instituciones responsables de velar por la seguridad nacional. El Ejecutivo sostiene que la medida se enmarca en la urgencia de adoptar acciones que impacten positivamente en los indicadores de seguridad ciudadana.
Las materias incluidas en el pedido abarcan tres grandes ejes: seguridad ciudadana y criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. Cada uno corresponde a áreas consideradas críticas para la estabilización del país y la recuperación de la confianza pública.
En la exposición de motivos, el Gobierno señala que la delegación de facultades permitirá emitir normas que “optimicen la respuesta institucional y mejoren la eficacia del sistema penal, policial y penitenciario”. Este enfoque, precisa el documento, pretende generar un marco legal que agilice la implementación de medidas contra el crimen y permita una mejor coordinación entre entidades.
Dentro del conjunto de 23 medidas planteadas, el Ejecutivo destaca la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), una herramienta pensada para hacer frente al delito que registra mayor crecimiento en el país. También se incluye la implementación y regulación de la Brigada Canina de Seguridad Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que reforzará el control dentro de los establecimientos penitenciarios.
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