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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó el sobreseimiento definitivo del proceso por lavado de activos agravado y asociación ilícita para delinquir contra Pedro Pablo Kuczynski. La resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, fechada el 14 de mayo, cierra la investigación por el presunto aporte de 300 mil dólares de Odebrecht a la campaña presidencial de Alianza por el Gran Cambio en 2011.
La defensa de Kuczynski sostuvo que el Decreto Legislativo 986, vigente al momento de los hechos, exigía acreditar que el dinero dificultara la identificación de su origen. El juez concluyó que las operaciones realizadas mediante el sistema bancario permitían rastrear los fondos, por lo que no se configuró el delito.
“El hecho que el dinero se haya movilizado a través de las cuentas personales de los investigados y no de la organización política no implica que se haya dificultado el descubrimiento de dicho dinero, debido a que los pagos fueron hechos a través del sistema bancario y como tal se podía rastrear su origen”, señala la resolución.
Al no configurarse el lavado de activos, el cargo de asociación ilícita para delinquir también quedó descartado. En la resolución, Concepción Carhuancho reconoció que varía el criterio que aplicó cuando declaró infundada la misma excepción presentada por la coprocesada Susana de la Puente Wiese, cuyo caso fue sobreseído por la Corte Suprema en diciembre pasado mediante la Casación 3734-2024/Nacional.
La Fiscalía imputó a Kuczynski haber liderado, junto a Susana de la Puente, una organización criminal que recibió en maletas unos 300 mil dólares de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. El dinero habría pasado por cuentas en los bancos JP Morgan y Scotiabank y fue reportado ante la ONPE mediante falsos aportantes.
A ese monto se sumó una transferencia de 50 mil dólares a través de la empresa Westfield Capital Ltd. En 2025, el Ministerio Público solicitó una condena de 35 años de prisión para el expresidente por estos cargos.
El cambio de criterio de Concepción Carhuancho se sustenta en la Casación 3734-2024/Nacional, en la que la Corte Suprema -por cuatro votos- archivó el caso de Susana de la Puente Wiese por los mismos cargos y concluyó que el dinero, al circular por el sistema bancario, era rastreable y no cumplía el requisito legal de dificultar su identificación.
La defensa también invocó el precedente del Tribunal Constitucional en el caso Cócteles, en el que se estableció que “la simple receptación de dinero ilícito para gastos de una campaña política no sería delito”. El juez aplicó el principio de igualdad de trato para extender a Kuczynski la misma solución jurídica.
En entrevista con Canal N, el exjefe de Estado celebró la decisión y cuestionó la actuación del equipo fiscal del caso Lava Jato. “Estoy muy contento. Se está haciendo justicia porque nosotros nunca hemos lavado ni un centavo”, afirmó.
El exmandatario sostuvo que la Fiscalía “se excedió” en las investigaciones y describió sus consecuencias: “Han sido investigaciones críticas, sin ningún asidero, y me han hecho perder diez años de vida”. También señaló que aún existen afectaciones sobre sus bienes y propiedades.
El archivo de la investigación por aportes de campaña no cierra la situación judicial de Kuczynski. El expresidente aún enfrenta dos procesos vinculados a Odebrecht: el caso Westfield Capital -en una instancia distinta a la archivada- y el caso IIRSA Norte. El primero ya se encuentra en etapa de juicio oral.
Sobre su renuncia a la presidencia en 2018, Kuczynski declaró: “No había opción posible porque los votos en el Congreso ese día iban a ser contra nosotros”. El exmandatario indicó además que desea recuperar la posibilidad de viajar para reencontrarse con su esposa y atender asuntos de salud.