Revelan cómo habría operado la presunta red vinculada a Jackson Mora

La fiscalía vincula a Jackson Mora con una presunta red criminal que desvió casi 10 millones de soles de la municipalidad de Chincha.

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La fiscalía investiga a Jackson Mora, exesposo de la modelo Tilsa Lozano, como parte de una presunta red criminal desvió casi 10 millones de soles del presupuesto de la municipalidad de Chincha a través de empresas fachada.

¿Cómo habría operado la red vinculada a Jackson Mora?

Según la investigación fiscal, la trama comenzó el 13 de abril, cuando el alcalde de Pueblo Nuevo, Abel Sánchez, en Chincha recibió a supuestos asesores de una congresista, quienes le ofrecieron gestionar obras. Pero en realidad, buscaban obtener su DNI y otros datos para ejecutar un fraude informático.

También, suplantaron a dos funcionarios y así desviaron cerca de 10 millones de soles. El dinero terminó en la cuenta de una empresa vinculada a Jackson Mora y su hermana, una firma sin trabajadores registrados, con un solo contrato con el Estado y más de 150,000 soles en deuda coactiva.

¿Quiénes son los presuntos cabecillas de la organización?

El nombre que más preocupa a los investigadores es César Nepo, señalado como el presunto cabecilla de la red. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), habría lavado dinero proveniente de extorsiones, cobro de cupos y trata de personas para la organización criminal Los Gallegos.

Sin embargo, esta no sería su primera investigación ya que años atrás fue denunciado por su propia empleada del hogar, quien aseguró que la utilizó como testaferro.

Las cámaras de seguridad captaron a Nepo reuniéndose con el supuesto arrendador de una oficina en Surco el 21 de abril. Al día siguiente regresó con los falsos asesores y minutos después llegó el propio alcalde.

Los movimientos bancarios y las detenciones

Un día después de las reuniones, Jackson Mora y su hermana aparecieron junto a otro presunto cabecilla, Daniel Mesones Massini.

Luego de 24 horas, detuvieron a Félix Saldarriaga cuando intentaba retirar $400,000 que, según la fiscalía, provenían del dinero desviado.

La fiscalía busca determinar si detrás de este millonario fraude informático operaba una estructura criminal especializada no solo en robar recursos públicos, sino también en hacerlos desaparecer.