La SBS estableció nuevos plazos para evaluar las solicitudes de empresas que buscan ingresar al sistema financiero y de seguros en el Perú. La modificación contempla tres modalidades de autorización y tiempos distintos para cada una.
La medida fue oficializada mediante la Resolución N.° 02133-2026, publicada este jueves 27 de agosto en el diario oficial El Peruano. La norma también incluye a las empresas que brindan servicios complementarios y relacionados con el sistema financiero.
Los nuevos plazos dependen de la modalidad de autorización y de la etapa del trámite. Para la autorización de organización, los tiempos máximos establecidos son:
En la segunda etapa, correspondiente a la autorización de funcionamiento, los plazos máximos serán:
La SBS señala que estos tiempos diferenciados responden a la complejidad y al riesgo sistémico de cada solicitud.
El reglamento establece tres vías de autorización. La modalidad estándar será utilizada por las empresas que no correspondan a las otras categorías previstas en la norma.
La segunda está dirigida a las empresas no captadoras, es decir, aquellas entidades financieras que no reciben depósitos del público. Entre los ejemplos mencionados se encuentran las empresas de crédito.
Por otro lado, la modalidad especial comprende a empresas que forman parte de grupos económicos supervisados de manera consolidada por la SBS, o que pasarán a integrarlos como resultado de la autorización.
Esta categoría también considera a empresas que serán subsidiarias de bancos del exterior de primera categoría o de grupos aseguradores de relevancia internacional (IAIG), siempre que sus matrices mantengan una adecuada solvencia y una clasificación de riesgo internacional considerada no vulnerable.
La modificación no solo contempla a nuevas entidades financieras y aseguradoras, sino también a las empresas de servicios complementarios y conexos del sistema financiero, entre ellas las empresas de transporte, custodia y administración de numerario (Etcan) y los almacenes de depósito.
La SBS indicó que el cambio busca agilizar y modernizar el proceso de autorización, bajo un enfoque basado en riesgos y proporcionalidad. A la vez, apunta a mantener estándares prudenciales adecuados, fortalecer la protección de los ahorristas y preservar la solidez del sistema.