
La Unión Gremial de Lima y Callao anunció una paralización total del servicio de transporte urbano para este martes 25 de agosto en protesta por la inseguridad que afecta a conductores, cobradores, pasajeros y dueños de empresas. Los dirigentes cuestionan además la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a las propuestas que presentaron para enfrentar las extorsiones, el sicariato y el cobro de cupos.
Los transportistas señalaron que en reiteradas oportunidades solicitaron una audiencia con la presidenta Keiko Fujimori para exponer la situación del sector y conocer las acciones que implementará el Gobierno. Según el comunicado difundido este martes, dicha reunión todavía no ha sido concedida. Por ello, los gremios acordaron paralizar sus actividades durante 24 horas como medida de presión.
La convocatoria, según precisaron los dirigentes, podría quedar sin efecto si antes del 25 de agosto el Ejecutivo acepta la audiencia solicitada y se instala una mesa de trabajo con compromisos concretos. Los transportistas aseguraron que la protesta será pacífica y que su objetivo es obtener medidas verificables frente a la violencia que afecta al transporte público.
“La medida es legítima y pacífica, y será levantada apenas se instale una mesa de trabajo efectiva con resultados verificables. Pedimos comprensión a los usuarios: no exigimos privilegios, exigimos condiciones mínimas para trabajar sin morir en el intento. La seguridad del transporte es la seguridad de todos”, afirmaron los transportistas.
Los gremios sostienen que la inseguridad se ha agravado durante las últimas semanas y que los ataques ya no se limitan a conductores y cobradores. En su pronunciamiento, señalaron que durante agosto se registraron atentados contra trabajadores y pasajeros mientras cumplían sus actividades cotidianas.
Entre los casos mencionados figura el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego. El empresario, de 69 años, fue atacado a balazos el 6 de agosto en Los Olivos y falleció producto de las heridas. Su esposa también resultó herida durante el ataque.
Los transportistas señalaron que ya presentaron al Gobierno un conjunto de propuestas para enfrentar las extorsiones y el sicariato que afectan al sector. Entre sus pedidos se encuentra el fortalecimiento de las unidades policiales y fiscales especializadas en estos delitos, así como un mayor control de las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios.
También plantearon establecer presencia policial permanente en paraderos considerados de alto riesgo y reforzar la protección de quienes denuncian hechos de extorsión. Los dirigentes sostienen que estas medidas buscan reducir los ataques y evitar que los costos derivados del cobro de cupos terminen trasladándose al servicio que utilizan millones de pasajeros.
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, ratificó la convocatoria al paro y afirmó que la medida cuenta con el respaldo de 11 gremios que, según indicó, representan a más del 80% del transporte regular de Lima. El dirigente cuestionó que el sector no haya participado en la elaboración del denominado ‘Plan Escudo’.
“No se nos ha consultado, nunca hemos conversado sobre ello. De la noche a la mañana manifestaron que estaban implementando el ‘Plan Escudo’, que a criterio nuestro es más de lo mismo”, declaró Vargas a RPP. El representante consideró que las acciones anunciadas por el Ejecutivo no significan un cambio sustancial frente a estrategias aplicadas anteriormente.
Vargas precisó que la paralización será un “apagado de motores” durante 24 horas y descartó que los gremios busquen generar enfrentamientos o disturbios. “El paro en 24 horas es apagado de motores. Nosotros no vamos a generar disturbios, no vamos a generar confrontación. Lo que queremos hacer es llamar la atención una vez más”, sostuvo.
