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La plataforma de transporte Uber enfrenta una millonaria sanción económica en los Estados Unidos luego de que se emitiera una resolución definitiva sobre la muerte de Emily Normandin-Parker, una joven de 23 años que falleció arrollada tras haber sido dejada a su suerte junto a una amiga en una transitada vía rápida.
Al cabo de un proceso arbitral que se prolongó durante cinco días, el magistrado jubilado Richard Stone dictaminó la responsabilidad civil del servicio al calificar el punto donde descendieron las pasajeras como un entorno “inseguro e ilegal”.
Como consecuencia directa de este dictamen, se ordenó a la empresa desembolsar una reparación de 20 millones de dólares a cada uno de los progenitores de la víctima, consolidando una indemnización total de 40 millones de dólares.
Durante las diligencias, la multinacional tecnológica intentó deslindar responsabilidades directas alegando el modelo operativo que rige a sus choferes asociados. Uber sostuvo en sus alegatos de defensa que el conductor involucrado mantenía el estatus de “contratista independiente”, buscando cuestionar la vinculación laboral de la compañía frente al fatídico desenlace y objetando la magnitud de la sentencia arbitral.
No obstante, los argumentos de la corporación fueron desestimados por el árbitro legal, quien priorizó el deber de cuidado y la falta de garantías básicas de seguridad en la prestación del servicio.
Tras conocer la resolución a su favor, los deudos de Emily Normandin-Parker anunciaron que los recursos provenientes de la sanción económica no tendrán fines personales. La familia de la joven confirmó que canalizará la totalidad de los fondos hacia la Fundación Emily Normandin-Parker, entidad creada en su memoria para impulsar iniciativas de asistencia y concientización sobre la protección de pasajeros en aplicaciones móviles.
El precedente marca un hito en la jurisprudencia de las plataformas digitales de transporte sobre los límites de su responsabilidad ante situaciones de vulnerabilidad o abandono de usuarios.