
El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, salió al frente para reafirmar la postura del Ejecutivo frente al cumplimiento de las normas internacionales en alusión al salvoconducto que se le otorgó a la expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez.
El canciller remarcó que el Perú es signatario de diversos acuerdos de asilo y derechos humanos que obligan al país a respetar los procedimientos legales establecidos y aclaró que la aplicación del derecho internacional no interfiere con el trabajo de la justicia peruana ni con el seguimiento de las investigaciones judiciales en curso.
Asimismo, señaló que las decisiones diplomáticas se toman bajo un análisis técnico y no por presiones coyunturales o políticas.
“Somos un Gobierno institucional, lo que significa que respetamos no solamente las leyes en el nivel local e interno, sino que respetamos los principios del derecho internacional, y en este caso específico respetamos la Convención de Caracas de 1954, que es la Convención sobre el Asilo”, señaló.
Ante las reacciones generadas en el Congreso y la opinión pública, el ministro enfatizó la seriedad del país ante la comunidad internacional al enfatizar que actuar al margen de las convenciones suscritas perjudicaría la credibilidad diplomática del país y expondría al Estado a eventuales sanciones internacionales.
El Canciller reconcilió la postura del Ejecutivo asegurando que la gestión actual se guía por la Constitución y los compromisos del Estado, manteniéndose firme ante las discrepancias internas.
“Tenemos que defender, por sobre todas las cosas, el interés nacional; tenemos que actuar con patriotismo, con amor hacia Perú. En este caso había una confluencia de intereses, un deseo de que dos países hermanos nos acerquemos, de parte de la cancillería del gobierno mexicano, de parte del gobierno de la presidenta (Keiko) Fujimori, esa confluencia ha permitido este anuncio en un plazo relativamente corto”, señaló a TV Perú desde Colombia.