César Acuña rechaza condena por violación laboral: “Estos abusos no quedarán impunes”

Líder de APP asegura que se vulneró su derecho a la defensa y anunció acciones legales

Familiares de víctimas del accidente aéreo en Nasca en la morgue de Ica

El exgobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, rechazó públicamente la condena de un año y seis meses de prisión suspendida impuesta por el Poder Judicial por el delito de violación de la libertad de trabajo, tras un proceso relacionado con el incumplimiento de una sentencia laboral.}

A través de un comunicado, el líder de Alianza para el Progreso (APP) cuestionó la actuación del fiscal Alejandro Urtecho Navarro y de las juezas Lola Peralta García y Katherine Granda Fernández, a quienes acusó de vulnerar su derecho a la defensa y al debido proceso.

Según la resolución judicial, el caso está relacionado con una sentencia laboral que ordenaba al Gobierno Regional de La Libertad el pago de S/88 525 a favor de una docente cesante por una bonificación que no había recibido debido a un error de cálculo. La condena estableció que Acuña incumplió dicha disposición durante su gestión.

Cuestiona falta de notificación

En su comunicado, César Acuña señaló que desconocía la existencia del proceso laboral porque, según afirmó, no recibió una notificación adecuada. Además, cuestionó que se realizaran actuaciones judiciales sin que él tuviera conocimiento de la obligación pendiente.

“La jueza Lola Peralta avanzó un proceso laboral y derivó mi caso a la Fiscalía a mis espaldas. Reconoció en su propia resolución que nunca me notificó en mi domicilio real bajo el pretexto de que ‘no existe’, pese a que mis direcciones real y laboral son de dominio público”, señaló Acuña.

El exgobernador sostuvo que la Tercera Sala Especializada Laboral de La Libertad confirmó, mediante una resolución emitida el 25 de junio de 2026, que no se realizó una notificación en su domicilio real y que se validaron entregas en un lugar distinto.

“Estos abusos no quedarán impunes. He instruido a mis abogados a denunciar a los involucrados ante la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. Confío en que las instancias correspondientes corregirán esta injuria”, informó.

Incumplimiento de sentencia laboral

La resolución judicial sostiene que, durante la última gestión de César Acuña como gobernador regional de La Libertad, se incumplió una orden judicial firme que reconocía el pago de una bonificación laboral a una maestra jubilada. La beneficiaria falleció durante el desarrollo del proceso, por lo que su hijo continuó con la reclamación.

El juzgado consideró que la conducta atribuida a Acuña configuró el delito contra la libertad de trabajo al no ejecutar el mandato judicial pendiente. En la resolución se señaló que se acreditaron los elementos del tipo penal y que la actuación del exgobernador merecía una sanción penal.

Defensa de Acuña presentó apelación

La sentencia del Poder Judicial estableció una pena inicial de dos años de prisión suspendida, pero se redujo a un año y seis meses debido a que Acuña no cuenta con antecedentes penales y tenía más de 65 años al momento de los hechos. La condena no implica su ingreso a un establecimiento penitenciario, pero sí contempla reglas de conducta.

Entre las medidas impuestas figuran la obligación de no cambiar de domicilio sin autorización judicial, presentarse cada 30 días ante la Oficina de Control para informar sobre sus actividades y no cometer delitos similares.

Además, César Acuña deberá pagar S/97 377 a favor de los herederos de la docente, monto que incluye la deuda laboral y una reparación civil de S/8 852. “Mi defensa legal ha interpuesto un recurso de apelación, el cual ha sido concedido y será resuelto en los próximos días”, indicó.

Acuña acusa irregularidades y anuncia acciones legales

El líder de APP también afirmó que existieron irregularidades en el proceso penal y cuestionó que se hayan rechazado las pruebas presentadas por su defensa para demostrar, según indicó, que desconocía la deuda laboral.

“Proceso penal arbitrario. A sabiendas de que jamás fui notificado de esa supuesta deuda laboral, el fiscal Urtecho Navarro y la jueza Granda Fernández rechazaron las pruebas que presenté para demostrar esta irregularidad, buscando únicamente perjudicarme”, expresó.