Empresario vinculado a Keiko exige rectificación a César Hildebrandt y advierte acciones penales
El empresario presentó una carta notarial en la que cuestiona afirmaciones sobre supuestas condenas por estafa.
El empresario argentino Damián Alejandro Valenzuela Mayer, vinculado a Keiko Fujimori por una presunta relación sentimental, decidió responder legalmente a las publicaciones de César Hildebrandt y Eloy Marchán. Según su defensa, estas contienen afirmaciones falsas sobre su trayectoria empresarial.
A través de una carta notarial, Valenzuela exigió una rectificación y advirtió con iniciar acciones legales en el Perú si su pedido no es atendido dentro de los plazos establecidos.
Este reclamo responde a un reportaje publicado por el semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ en su edición N.° 794, del 21 de agosto de 2026, así como a posteriores publicaciones digitales sobre la trayectoria del empresario.
Las presuntas “estafas” que Valenzuela exige aclarar
Uno de los principales puntos observados por el empresario es la afirmación sobre la existencia de “varias sentencias por estafa”.
Ante ello, su defensa solicita que identifiquen cada resolución que supuestamente acreditaría esas condenas.
El requerimiento incluye información como el país, tribunal, número de expediente y fecha de la sentencia. También solicita conocer el delito imputado, la decisión judicial, el estado de firmeza y una copia de cada resolución.
Según Valenzuela, las afirmaciones deben contar con respaldo en documentación judicial. De no existir las sentencias mencionadas, exige que rectifiquen la información.
¿Qué dice la carta notarial del empresario argentino?
El argumento central de la carta notarial gira en torno a la naturaleza de los procesos utilizados para sustentar las publicaciones.
La representación de Valenzuela sostiene que determinados procedimientos judiciales en Estados Unidos tendrían carácter civil y comercial. Por ello, considera que no pueden presentarse como condenas penales por estafa.
En ese sentido, la defensa cuestiona que una controversia comercial, una alegación de fraude o un incumplimiento contractual se presenten como una responsabilidad penal establecida judicialmente.
También señala que una mediación no equivale a una confesión. Del mismo modo, considera que una persona que participa como demandante en un proceso civil no se convierte automáticamente en víctima de un delito.
La carta notarial pone atención además en el uso del término “víctimas” para referirse a personas relacionadas con determinadas controversias. Según la defensa, esa denominación no corresponde si no existe una resolución penal que establezca la comisión de un delito y determine responsabilidades.
¿Qué reclama el empresario argentino?
Además de exigir precisiones sobre las supuestas sentencias, Valenzuela reclama que retiren y rectifiquen las afirmaciones que considera falsas.
También solicita que la rectificación aparezca en los mismos espacios donde difundieron dichas afirmaciones.
Su representación legal sostiene que las publicaciones habrían afectado su honor, reputación e imagen personal y profesional.
Por ello, también deja abierta la posibilidad de iniciar acciones civiles por daños y perjuicios.
Eloy Marchán también es señalado en la carta
La representación de Valenzuela cuestiona además la metodología utilizada durante la investigación atribuida a Eloy Marchán.
Según el documento, el periodista habría contactado a terceros relacionados con controversias civiles. También habría utilizado la categoría de “víctimas” antes de culminar la investigación.
La defensa precisa que Valenzuela recibió la oportunidad de brindar su versión antes de la publicación. Asimismo, sostiene que su reclamo no busca cuestionar el derecho a investigar ni la libertad de prensa. Su objeción apunta a la forma en que presentaron determinadas controversias empresariales.
Según la defensa, las publicaciones mostraron esos casos como hechos de criminalidad judicialmente acreditados.
Valenzuela advierte una querella penal
El empresario argentino sostiene que las afirmaciones cuestionadas podrían configurar, prima facie, el delito de difamación agravada.
Por ello, si los responsables no atienden los requerimientos de la carta notarial dentro del plazo establecido, su representación anuncia que presentará una querella penal en el Perú contra César Hildebrandt y Eloy Marchán.
El documento también deja constancia de que podrían iniciar acciones civiles por los daños ocasionados a su reputación.
Ahora, el empresario busca que rectifiquen las afirmaciones que considera falsas y advierte que llevará el caso a los tribunales peruanos si no atienden su pedido.