
Los principales gremios de transporte de Lima y Callao decidieron levantar el paro convocado para este martes 25 de agosto, luego de conocer las medidas que el Gobierno plantea implementar frente a la inseguridad y las extorsiones que afectan al sector.
Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, señaló que su gremio y otros 11 decidieron no acatar la paralización luego de la reunión sostenida con la presidenta Keiko Fujimori y los ministros de Transportes e Interior.
“Ya al haber sido convocados hace dos días con la presidenta y los ministros de transporte y el interior, en las cuales se nos ha escuchado las 12 propuestas que nosotros como transportistas hemos preparado con mucho personal capacitado en lo que tendría que hacerse y también haber escuchado de parte de la autoridad la voluntad y la decisión de poder tomar acciones que nos han explicado con muchos detalles todo lo que se viene preparando, yo creo que ya no habría definitivamente razón de un paro”, declaró.
Por su parte, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, confirmó que su organización tampoco acatará la medida. El dirigente explicó que uno de los principales motivos de la convocatoria era conocer la política que aplicaría el Ejecutivo frente a la inseguridad. “Entonces, consideramos que en esa línea ya no hay motivo para ir al paro, porque recuerda, el único motivo es escuchar qué es lo que está pensando”, afirmó.
Pareja sostuvo que los transportistas optaron por priorizar el diálogo debido a que, durante la reunión con el Ejecutivo, identificaron una disposición para atender sus reclamos. Según explicó, el paro se acordó ante la falta de respuestas concretas, pero el escenario cambió después de conocer las acciones que el Gobierno planea ejecutar.
“Creemos que ya no es de momento razón de un paro, sino más bien trabajar de manera conjunta a todas estas propuestas, empezando de que debe de haber una unidad integrada por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía”, sostuvo el representante de la Cámara de Transporte Urbano.
Sin embargo, el levantamiento del paro no significa que los gremios hayan desistido de sus demandas. “Ahora, nosotros, si bien es cierto, hemos depuesto ya el paro para el día martes porque creemos en la palabra de la Presidenta. Ahora, lógicamente, si eso no se cumple, ya es algo que nos generaría mucha indignación, pero sí abrigamos la esperanza de que esta vez haya un resultado en función a lo que nos han explicado”, manifestó.
Mientras tanto, Héctor Vargas cuestionó que la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, que agrupa a 71 empresas y representa aproximadamente el 30% del transporte urbano de Lima y Callao, no haya sido convocada al encuentro con la presidenta Keiko Fujimori. Pese a ello, señaló que su organización coincide con los principales acuerdos anunciados por el Ejecutivo.
“Nosotros sí estamos de acuerdo en los puntos que se han suscrito”, afirmó el dirigente. Vargas explicó que el Gobierno presentó siete líneas de trabajo en materia de seguridad y que varias coinciden con las propuestas de los transportistas, entre ellas el control territorial y la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
El Ejecutivo anunció el fortalecimiento del Plan Escudo, mayor presencia policial en empresas de transporte, paraderos y buses, así como el refuerzo de las labores de inteligencia. También se planteó ampliar las unidades de flagrancia y ejecutar operativos de control territorial.
El Gobierno también anunció la implementación de una nueva plataforma contra la extorsión y el fortalecimiento de la conexión de distintos distritos con el Centro de Comando C4 de la Policía Nacional. Como parte de esta estrategia, se prevé la participación de operadores de telefonía móvil y entidades del sistema financiero.
En materia de transporte, el Gobierno plantea revisar el actual sistema de puntos para elaborar una nueva ley. Además, el MTC prepara un régimen excepcional y temporal para regularizar multas de tránsito y transporte terrestre, con un mecanismo que permitiría pagar el 10% de determinadas sanciones para extinguir o condonar el saldo pendiente.