
La madre de una escolar que habría sido agredida por una policía dentro del colegio 3032 Villa Angélica, en el distrito de San Martín de Porres, denunció que su hija sufre ataques de ansiedad y dolor de garganta a raíz del incidente.
La agente Anahí Ramos enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio en grado de tentativa, mientras la familia exige que las autoridades aceleren las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Lucy, madre de la escolar presuntamente agredida por la policía Anahí Ramos, denunció que su hija arrastra secuelas físicas y emocionales desde el incidente ocurrido en el colegio.
“Mi hija sufre con el dolor de su garganta que le duele demasiado. Ayer ha pasado por consulta y tiene su garganta demasiado roja, inflamada”, declaró.
La mujer también aseguró que la menor no logra conciliar el sueño y se despierta alterada durante las noches. “Ella está traumatizada a lo que le ha pasado con esa policía, lo que la ha querido matar a mi hija”, afirmó.
Asimismo, denunció que el tutor del colegio estaría respaldando a la agente policial y justificando la presunta agresión contra su hija.
La madre de la escolar denunció que la comisaría de Barboncito no remitió a la fiscalía todas las pruebas del caso, entre ellas un video almacenado en un USB que entregó como evidencia.
“Yo he hecho la denuncia y entregado una prueba de un video con el USB, pero no ha llegado el USB, solamente llegó la denuncia. Nos dice que se ha extraviado”, señaló.
Ante esta situación, la mujer acudió a la fiscalía para exigir que se aceleren las investigaciones y se esclarezca la presunta desaparición del material probatorio.
El abogado y expolicía José Palacios cuestionó la intervención de la agente policial y sostuvo que la menor no estaba cometiendo ningún delito dentro de la institución educativa, por lo que la policía no debió actuar de esa manera.
“Desde el momento que esa menor está dentro de un centro educativo, los únicos responsables de cualquier acción de la menor es el colegio, la directora, los profesores”, explicó.
El especialista precisó que la agente debió recurrir a la directora o a los docentes para restablecer el orden y no asumir una intervención violenta. Asimismo, calificó el hecho como un presunto caso de abuso de autoridad y advirtió que la agente podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión.