Pescadores artesanales son extorsionados en alta mar y bandas criminales los amenazan de muerte
En lo que va del año, cuatro pescadores han sido asesinados en el litoral norte, desde Tumbes hasta Piura.
Los pescadores artesanales del norte peruano navegan entre la extorsión y la muerte.
Organizaciones criminales transnacionales, con cabecillas en Ecuador, han lotizado el mar y exigen cupos mensuales de hasta 300 soles por embarcación. En lo que va del año, se reporta el asesinato de cuatro pescadores.
¿Cómo operan las mafias que extorsionan a los pescadores artesanales en el norte del Perú?
Las bandas se acercan en deslizadores a las embarcaciones y entregan un número de teléfono para que los pescadores se “matriculen” con cuotas mensuales que varían según el tamaño de la nave.
Quienes pagan las cuotas reciben un carnet de una supuesta asociación; a quienes se niegan a pagar, los delincuentes les roban sus aparejos de pesca o los asesinan.
Las mafias controlan desde Puerto Pizarro en Tumbes hasta Talara en Piura, y han utilizado el sicariato para ganar hegemonía en la zona.
“Mis horas están contadas”: el testimonio de un pescador que sobrevivió a una amenaza directa
Criminales interceptaron en el muelle de Talara a Jorge Tume, dirigente pesquero, y le advirtieron que sus horas estaban contadas.
Tume tuvo que solicitar el resguardo de la Marina de Guerra para abandonar la zona, y las imágenes de su auxilio se volvieron virales.
Los pescadores denuncian que el Estado no los protege y deben varar sus embarcaciones o abandonar la actividad. Temen ser asesinados como sus compañeros.
Las mafias desafían a la policía y el Estado busca respuestas en el mar
La banda criminal Los Lobos difundió un video amenazante contra los efectivos de la comisaría de Puerto Pizarro.
La Policía ha reforzado los servicios y rotado al personal, mientras que la Marina es la autoridad competente en el mar.
La extorsión ha llevado a los pescadores a protestar en las calles de El Ñuro, donde exigen seguridad para trabajar.
El 85% de los peruanos considera que se debe aplicar la intervención militar para frenar la criminalidad, y el gobierno enfrenta el desafío de proteger a un gremio que vive acorralado en alta mar.