Fiscalía interviene sede de Ministerio de Vivienda por riesgo de colapso
El informe advierte que existen presuntas fallas estructurales
La Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro ejecutó una inspección de urgencia en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), situada en el distrito de San Isidro.
Esta intervención se puso en marcha de manera inmediata tras las revelaciones de un reportaje del programa dominical Cuarto Poder, el cual expuso graves fallas estructurales y un peligro real de derrumbe en las oficinas estatales.
Durante la diligencia, liderada por el fiscal provincial Óscar Díaz Alegre, se corroboró que el importante inmueble público carece por completo de la certificación de seguridad obligatoria para albergar personal, hecho que ya ha empujado a la Municipalidad de San Isidro a iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la cartera.
Para salvaguardar la integridad de los servidores públicos mientras se determina el estado real de las columnas y bases, las autoridades del sector Vivienda y el Ministerio Público acordaron medidas de contingencia inmediatas.
Se dispuso la evacuación progresiva de los trabajadores a lo largo de la semana y la ampliación del trabajo remoto para la planilla, un sistema en el que ya se encontraban operando unas 200 personas.
Asimismo, los voceros de la institución manifestaron su disposición para alquilar un nuevo local de oficinas si el municipio decreta formalmente la inhabitabilidad de la estructura.
Cabe precisar que esta edificación fue adquirida por el Estado en 2018, mediante el Banco de la Nación, por una suma superior a los 33.5 millones de dólares (más de 100 millones de soles), aparentemente sin haberse realizado los estudios estructurales previos que garantizaran la seguridad del predio.
Las graves consecuencias penales ante una posible tragedia
El operativo fiscal, que contó con la participación técnica de especialistas en defensa civil, desarrollo urbano y gestión de riesgos, busca evitar desastres mayores y prever la comisión de ilícitos graves como homicidio culposo, estragos y omisión de deberes funcionales.
En ese sentido, el fiscal Díaz Alegre fue sumamente tajante al advertir a los altos mandos del ministerio sobre las drásticas penas que afrontarían si ignoran las alertas y ocurre un siniestro con consecuencias fatales en la sede.
“De ocurrir algo, es la forma culposa. Pero de conocer y haberles exhortado de que esto puede traer consecuencias, ya no sería nada culposo, sería doloso. Y las penas son pues de uno a 20 años”, aseveró el magistrado con firmeza.