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El Gobierno y Congreso ahora se muestran a favor del octavo retiro de la AFP tras haber aprobado una reforma de pensiones que genera creciente rechazo transversal, incluso entre sus propios promotores iniciales. La presidenta Dina Boluarte ha contradicho abiertamente a sus ministros de Economía y Trabajo, quienes se habían manifestado en contra de nuevos retiros por el impacto negativo en el sistema previsional y la credibilidad país ante inversionistas, generando una crisis de autoridad dentro del Ejecutivo. Este giro político se produce ante la presión social de las recientes movilizaciones y en un contexto electoral que privilegia medidas populistas sobre criterios técnicos de sostenibilidad financiera.
Paradójicamente, el congresista José Luna Gálvez, quien siempre apoyó los retiros, ha presentado un proyecto de ley para derogar completamente la Ley 3223 de modernización del sistema previsional y su reglamento, considerándolos lesivos para los afiliados. Esta iniciativa legislativa, que cuenta con apoyo multipartidario de bancadas que originalmente votaron a favor, incluye una disposición que autoriza excepcionalmente un nuevo retiro voluntario de hasta S/ 21,400, profundizando la incertidumbre sobre el futuro del sistema privado de pensiones y demostrando la volatilidad política que rodea este tema sensible para millones de peruanos.
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