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El marco regulatorio de la Inteligencia Artificial (IA) en el Perú alcanza un hito clave este jueves 10 de setiembre. A partir de esta fecha, vence el primer plazo de adecuación establecido por la Ley 31814 y su reglamento, lo que exige a las empresas y organizaciones privadas que utilicen o desarrollen sistemas de IA en los sectores de salud, educación, justicia, seguridad, economía y finanzas el cumplimiento estricto de una serie de normas específicas.
Oscar Montezuma, experto en regulación digital y CEO de la consultora Niubox, explicó que las organizaciones involucradas en estos campos priorizados deben garantizar que sus algoritmos operen bajo criterios de transparencia y seguridad.
Las compañías tuvieron un plazo inicial para verificar sus sistemas y corregir brechas tras la publicación del reglamento en setiembre del año pasado, proceso que continuará aplicándose de forma progresiva a otros rubros económicos en un periodo de hasta cuatro años.
Entre las principales exigencias que entran en vigor, las entidades deberán informar a los usuarios de manera previa, clara y sencilla sobre la finalidad de los sistemas de IA implementados, sus funciones principales y el tipo de decisiones automatizadas que ejecutan. Asimismo, será obligatorio incluir mecanismos visibles que permitan a las personas identificar cuándo un contenido, producto o servicio ha sido elaborado o gestionado mediante IA.
Un aspecto central del reglamento es la supervisión humana efectiva, sobre todo en herramientas clasificadas como de alto riesgo. Las empresas tienen el deber de capacitar a su personal para que pueda detener, corregir o anular decisiones automatizadas de los algoritmos y así evitar sesgos perjudiciales.
De igual forma, las organizaciones deberán llevar un registro detallado sobre las fuentes de datos utilizadas, la lógica detrás del código y los potenciales impactos éticos o sociales.
Si bien las obligaciones generales como la rendición de cuentas y la supervisión básica ya se encontraban vigentes para el sector público y privado, este nuevo hito activa las medidas sectoriales detalladas. El especialista destacó que la legislación peruana se posiciona como una de las pioneras en América Latina al buscar un equilibrio entre el fomento de la innovación tecnológica y la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
No obstante, la transición requerirá de un esfuerzo constante entre los actores regulados para llevar las exigencias normativas a la práctica operativa. Las empresas deberán adaptar continuamente sus protocolos internos de privacidad, seguridad y responsabilidad, demostrando de forma constante que sus modelos automatizados funcionan bajo estándares éticos y de gestión de riesgos.