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El analista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Iván Lanegra, analizó la jornada electoral y la segunda vuelta en regiones, y advirtió que el Ejecutivo y los gobiernos regionales necesitan generar acuerdos para que sus gestiones sean exitosas.
Lanegra señaló que la región Cusco requiere el apoyo del gobierno nacional para acceder a recursos e impulsar proyectos, y que el gobierno nacional también necesita del respaldo regional para llevar adelante sus políticas.
Lanegra explicó que ambas partes tienen incentivos para ponerse de acuerdo en temas que ambas requieren, y que algún tipo de acuerdo tiene que generarse como ha pasado en los últimos años.
El analista afirmó que el acuerdo debe estar centrado en las preocupaciones de las personas, que es lo que los gobiernos nacional y regional deben tener como centro.
El analista calificó como particularmente urgente el tema del fenómeno El Niño, que requerirá medidas inmediatas.
Lanegra indicó que las autoridades salientes ya están encaminando actividades para mitigar el impacto, aunque no se puede hacer mucha prevención, y que esas acciones encontrarán un punto crítico en enero.
El analista recomendó que se convoque a ambas autoridades, las que están en funciones y las electas, para asegurar continuidad y evitar cortocircuitos cuando se realicen las transferencias.
“La iniciativa la tiene que tomar el gobierno central”, sostuvo Lanegra, quien señaló que los ministros vinculados con obras e infraestructura deberían liderar esta situación.
Lanegra planteó reformas para que los resultados lleguen más temprano, como los sistemas electrónicos de voto que permiten lanzar resultados en minutos, o los mecanismos preliminares de información que procesan las actas sin pasar por todos los trámites administrativos.
El analista también mencionó como problema serio la penetración de las economías ilegales en la política y la necesidad de reducir los incentivos, en particular el control de los recursos que llegan a las campañas.
Lanegra señaló que existen normas que favorecen la reincorporación de personas a la vida pública, pero que hay casos en los que alguien no es idóneo para algunas funciones y no debería permitirse su incorporación.
“Es el riesgo mayor al que puede estar sometida la democracia en el país”, advirtió.