Organismo de la ONU declara arbitraria la detención de Pedro Castillo y pide su liberación
Expertos independientes cuestionaron el proceso contra el expresidente, advirtiendo violaciones a sus derechos
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que la privación de la libertad del expresidente Pedro Castillo, efectuada tras su intento de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, reviste un carácter “arbitraria” y careció de sustento jurídico formal.
Según el dictamen emitido por los especialistas internacionales, la medida adoptada por las autoridades locales transgredió el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Ante este escenario, el organismo de la ONU exhortó al Estado peruano a corregir con celeridad la condición legal del exmandatario, quien actualmente cumple una condena en el centro penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate.
La resolución de los expertos internacionales determina que la vía idónea para subsanar las irregularidades cometidas en el fuero judicial es la excarcelación del exjefe de Estado y el resarcimiento económico correspondiente por parte del aparato estatal.
“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, detalla el pronunciamiento oficial.
Paralelamente, el comité de las Naciones Unidas requirió la apertura de una auditoría exhaustiva e independiente para esclarecer las condiciones del arresto y establecer sanciones contra los responsables de las presuntas violaciones a las garantías fundamentales del procesado.
Vulneración del debido proceso y derecho a la defensa
El dictamen de la ONU identificó fallas severas en la administración de justicia y en la presunción de inocencia de Pedro Castillo Terrones, indicando que el tribunal encargado de su juzgamiento carecía de la competencia requerida.
Además de advertirse que el Ministerio Público no representa una “autoridad judicial independiente”, el informe denunció que se le obstruyó al exgobernante la asistencia de un defensor de su libre elección inmediatamente después de su captura, y que el Congreso limitó los plazos logísticos para preparar los descargos frente a la vacancia por incapacidad moral.
Los especialistas criticaron la existencia de un “ambiente de gran presión política” alimentado por pronunciamientos oficiales que tildaban a Castillo de culpable antes de recibir condena: “Las autoridades del Perú se pronunciaron públicamente en una muy activa campaña estableciendo por adelantado el hecho de que el expresidente era culpable de delitos gravísimos tales como rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública…”.