Ministerio Público pide 4 años de cárcel para el ministro Marco Vinelli por el caso Agro Rural
La Fiscalía Anticorrupción acusa al titular del Midagri por presunta colusión e inhabilitación por más de tres años
El Ministerio Público solicitó una pena de cuatro años de prisión privativa de la libertad contra el actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, al imputársele la presunta comisión del delito de colusión simple en el marco del denominado Caso Agro Rural.
Como pretensión alternativa, la Segunda Fiscalía Corporativa Anticorrupción requirió una condena de cinco años y cuatro meses de cárcel por el delito de negociación incompatible.
El requerimiento formulado por el órgano fiscal incluye además un pedido de inhabilitación por tres años y ocho meses para ejercer cualquier cargo público, ya sea por elección popular o por designación estatal.
Las imputaciones corresponden a la época en que el hoy funcionario se desempeñaba como director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), entre junio de 2015 y febrero de 2016.
Irregularidades en licitación
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, las presuntas conductas ilícitas se habrían concretado durante la ejecución del proyecto de mejoramiento de canales de irrigación en el distrito de Tomayquichua, ubicado en la provincia de Ambo, región Huánuco.
La tesis fiscal sostiene que Vinelli Ruiz otorgó ampliaciones de plazo al contratista a pesar de que se había recomendado resolver el contrato por incumplimiento.
Control de acusación
A las imputaciones se suma que el titular de la cartera agraria habría aprobado una intervención económica en favor de la empresa ejecutora a sabiendas de las faltas advertidas, así como presuntamente haber extendido la contratación del equipo supervisor mientras los trabajos estaban detenidos.
Para la Fiscalía Anticorrupción, estas ampliaciones y partidas extraordinarias no correspondían legalmente y evidenciarían una concertación indebida entre funcionarios y privados con el potencial de generar un grave perjuicio económico al Estado.
