
El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de reglamento que busca evitar el uso indebido de las viviendas sociales.
La propuesta prohíbe que los beneficiarios alquilen estos inmuebles durante los primeros cinco años después de recibirlos.
De aprobarse la medida, quienes incumplan deberán devolver el bono otorgado por el Estado junto con los intereses legales y perderán la posibilidad de acceder a futuros programas de vivienda.
La propuesta plantea que los beneficiarios utilicen el inmueble como vivienda familiar y no para generar ingresos mediante el alquiler.
Para ello, deberán cumplir tres condiciones durante los primeros cinco años: no vender la propiedad, no alquilarla y habitarla de manera permanente.
Alfredo Lozada, vocero de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios (CODIP), explicó que estos programas buscan reducir el déficit habitacional y recordó que quienes ya cuentan con una vivienda no pueden acceder a este tipo de subsidios estatales.
Alfredo Lozada consideró que el reglamento debería contemplar excepciones para quienes deban mudarse por motivos laborales o cambios en su situación familiar.
A su juicio, aplicar la restricción sin distinguir estos casos podría perjudicar a beneficiarios que no buscan lucrar con la vivienda.
El vocero adelantó que la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios (CODIP) presentará propuestas para incorporar estas excepciones en el reglamento.
Además, recordó que el nuevo gobierno proyecta construir 1 millón 250 mil viviendas en los próximos cinco años, por lo que destacó la importancia de ejecutar correctamente los programas de vivienda social.