
La Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso retiró del predictamen del proyecto de ley de crédito suplementario la disposición que proponía aplicar de manera gradual las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS.
Esta medida había sido planteada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y contemplaba que estos beneficios se implementaran progresivamente hasta el año 2030.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, realizó el anuncio. Además, informó que la decisión respondió al pedido de diversos congresistas.
Con ello, el grupo de trabajo retiró el artículo que modificaba los alcances de la Ley N.° 32563. Esta norma, aprobada por el Congreso, reconoce a los trabajadores CAS el derecho a recibir gratificaciones y CTS.
Además, la comisión decidió elaborar una nueva propuesta que permita garantizar el pago de la gratificación sin dejar de considerar el impacto sobre las cuentas fiscales.
La propuesta del Ejecutivo establecía que las gratificaciones y la CTS no se pagarían de manera íntegra desde este año.
El cronograma planteaba un pago equivalente al 10% de la remuneración en 2026, con un monto mínimo de S/300. Posteriormente, el beneficio aumentaría al 20% en 2027, al 30% en 2028 y al 50% en 2029. Recién alcanzaría el 100% en 2030.
Sin embargo, la Comisión de Presupuesto retiró la disposición y ese esquema quedó fuera del predictamen.
Según explicó Alejandro Soto, la comisión adoptó la medida tras recoger los cuestionamientos formulados por distintos integrantes del grupo de trabajo. Ellos consideraron que la propuesta del MEF restringía los beneficios establecidos por la Ley N.° 32563.
Cuando presentó la iniciativa, el MEF sostuvo que la implementación progresiva respondía a criterios de sostenibilidad fiscal.
De acuerdo con el sector, autorizar el pago íntegro de las gratificaciones y la CTS desde este año podría generar diferencias entre entidades públicas con distinta disponibilidad presupuestaria. Algunas contarían con recursos suficientes para cumplir con la obligación, mientras que otras requerirían financiamiento adicional.
El MEF argumentó que el cronograma permitiría ordenar el gasto público. También aseguraría que todas las entidades pudieran asumir estos beneficios sin comprometer el equilibrio de las cuentas fiscales.
No obstante, organizaciones sindicales de trabajadores CAS rechazaron esta propuesta. La calificaron como un recorte a un derecho ya adquirido y realizaron movilizaciones para exigir el cumplimiento íntegro de la ley.