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El legislador de Ahora Nación, Harvey Colchado, formalizó una propuesta de reforma sobre la Ley 31473 con el propósito de restringir la acumulación ilimitada entre dietas o salarios estatales y las pensiones otorgadas por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú.
La medida contempla suspender de forma parcial o total la jubilación de aquellos uniformados en retiro que resulten electos como diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, consejeros o regidores, fijando como límite estricto el tope salarial estipulado en el Decreto de Urgencia 038-2006.
De acuerdo con el esquema planteado, si la remuneración por el puesto público ya alcanza el monto máximo permitido por el marco legal, la pensión militar o policial quedará completamente congelada mientras dure el mandato, restituyéndose en su totalidad una vez que la autoridad culmine sus funciones ciudadanas.
El parlamentario defendió el alcance ético de su propuesta subrayando que no distingue banderas políticas y que su propia condición no estará al margen de la restricción: “Presenté el proyecto de ley que acaba con el privilegio del ‘doble sueldo’ para militares y policías en retiro que llegan a cargos por voto popular”, señaló inicialmente.
“Sí, a mí también me alcanza. No le quitamos a nadie la pensión ganada con años de servicio. Mientras ejerzan el cargo, se suspende lo necesario para respetar el tope legal. Al terminar, la recuperan completamente. Aplica a diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, consejeros y regidores. Servir al país es un HONOR, no un privilegio”.
En su sustentación, Colchado advirtió que la norma aprobada en mayo de 2022 distorsionó su espíritu original, concebido para captar perfiles técnicos en la administración pública, contribuyendo a la desafección ciudadana y al histórico rechazo popular hacia las instituciones representativas del país.
El debate reactiva una controversia de larga data en el Congreso, donde anteriores intentos de fiscalización y recorte enfrentaron una férrea resistencia corporativa. En 2025, el Ministerio Público impulsó denuncias constitucionales por presunta negociación incompatible contra miembros de la Comisión de Defensa que gestaron el dictamen original, las cuales terminaron archivadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales bajo el respaldo de exoficiales como José Cueto.
Asimismo, iniciativas previas como la de Héctor Valer, orientada a restituir los topes de ingresos públicos para las fuerzas del orden, colisionaron con el rechazo directo de parlamentarios beneficiarios como Alfredo Azurín, quien tildó dichas pensiones de “intocables”, perfilando un escenario de alta polarización política para la nueva propuesta de Ahora Nación.